La crisis carcelaria de
El Rodeo llevó a una revisión y relanzamiento de la política penitenciaria en Venezuela, la cual está materializada en el
Ministerio para el Servicio Penitenciario. Acá, recapitulamos cuáles han sido las actuaciones del Estado en las crisis de
El Rodeo,
La Planta y
Uribana.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
EL RODEO: El 2 de junio de 2011, el presidente Chávez le había anunciado a
Últimas Noticias la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Dos días después del suceso en El Rodeo, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, lo recordó, sin precisar quién sería la persona encargada de la nueva cartera.
La AN y el Ministerio Público (MP) acordaron abrir investigaciones simultáneas del caso. Dos años después, se desconoce el curso de esas investigaciones, así como sus conclusiones.
Tras la crisis, el MP emitió orden de captura contra siete funcionarios del MIJ y de la GN por su presunta colaboración con las mafias internas. Fueron imputados y privados de libertad ante el Tribunal 2° de Control de Miranda, extensión Barlovento. Entre ellos estaban los directores de Rodeo I y II.
Una de las cláusulas de la negociación fue llevar a los pranes a cárceles de máxima seguridad. A "El Yoifre" lo llevaron primero a Tocuyito y, tras un motín, al Centro Penitenciario de Coro; después fue a parar a la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). "El Oriente" también fue recluido en Tocuyito después de que se fugó en medio de la intervención de El Rodeo II.
Las autoridades calcularon tres semanas para reparar las instalaciones de El Rodeo I y volver a trasladar a buena parte de los reclusos. Lo hicieron en mes y medio. En diciembre del año pasado fue la reinauguración de El Rodeo II.
13 días después de terminado el conflicto, el Presidente designó a la entonces diputada Iris Varela como titular de Asuntos Penitenciarios.
LA PLANTA: Para combatir las mafias, la ministra Varela anunció un proyecto de conectividad entre todos los centros penitenciarios del país a través de un sistema de cámaras que estarían vigilando los penales. Esto dentro del convenio China-Venezuela, con la empresa Ceiec. La ministra estimó ejecutar el proyecto entre 2012 y 2014, con un costo de 164,7 millones de bolívares.
El ministerio prometió entregar las armas y drogas incautadas al Cicpc para la correspondiente investigación y comparación de balística.
El Ministerio Público abrió una investigación del caso, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que informarían oportunamente sobre los avances. Por su parte, la ministra Varela juró llegar hasta los responsables de las mafias carcelarias.
El Gobierno indemnizó a los familiares de Henry Molina, el vecino que murió al ser alcanzado por un proyectil disparado desde el penal.
URIBANA: El Ministerio Público comisionó a un equipo conformado por subdirectores, fiscales y trabajadores sociales, para atender la situación. De igual forma, la Asamblea Nacional acordó iniciar una investigación. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, solicitó que se investiguen los hechos.
La ministra de Asuntos Penitenciarios anunció en rueda de prensa, el pasado domingo, que en Uribana construirán una comunidad penitenciaria y un internado judicial para procesados, con una estructura parecida a la cárcel de mujeres de Los Teques. Dijo que eliminarán el área de máxima seguridad en la que se encontraban reclusos que tenían expedientes por homicidios. También anunció la prórroga de la emergencia penitenciaria, que había sido aprobada por el presidente Chávez en octubre del año pasado. El lapso es de tres meses más.
De igual forma acordó implementar el Plan Cayapa Judicial en todo el país para revisar los casos de la población penitenciaria.
El Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios (MPPSP) comenzó esta noche 01 de febrero el traslado de familiares de internos del Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental, conocido como Uribana, estado Lara, para que vayan a visitar a sus familiares privados de libertad que fueron enviados temporalmente a nueve cárceles del país, tras el desalojo del penal larense.