Se acerca el mediodía, las instalaciones de la Policía Municipal de Chacao no reportan visitas de familiares. En su interior están 58 presos que dependen de terceras personas para recibir alimentación diaria; sin embargo, no todos cuentan con el apoyo necesario para cubrir lo más básico del ser humano: la comida.
En los calabozos de este cuerpo policial preventivo ya han fallecido dos reos por inanición este año. Fuentes comentaron que las dos personas eran indigentes que cayeron detenidos y nadie estaba al pendiente de ellos. Ingresaron a la policía con un cuadro de salud delicado y la falta de una alimentación regular los afectó mucho más. Los detenidos fueron identificados como Carlos Hernández y Pedro Gómez Mendible.
“En los dos casos se notificó de la situación a la Defensoría del Pueblo, a los tribunales correspondientes y a los fiscales de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Nunca recibimos respuestas”, afirmó el funcionario.
“Hemos intentado realizar alianzas con restaurantes cercanos y fundaciones para brindar por lo menos una comida diaria a los detenidos, pero ha sido muy difícil. No se logra con regularidad. Además cuando saben que es para los presos, enseguida, muchos dicen que no. Nosotros no estamos en condiciones de suministrar los tres alimentos. No es nuestra labor. Aquí ni hay cocina”, indica la persona consultada.
Mientras observa que hoy tampoco llegaron familiares a las dependencias, acota: “Ayer vinieron como seis, algunos comparten sus comidas, pero otros no. Es un tema de supervivencia”.
En su defensa el funcionario recuerda que las comisarías son centros de detención temporal, donde el procesado no debe pasar más de 48 horas; sin embargo, en los últimos años esta situación se ha desvirtuado.
En la actualidad la Policía de Chacao se encuentra intervenida por el ministerio de Interior y Justicia. Desde que se produjo este procedimiento la situación ha tendido a normalizarse, se pasó de más de 100 recluidos a 58. La capacidad de los calabozos es de 38 presos. “No quieren problemas”, dicen.
La situación en el interior del país no es distinta a la de Caracas. Durante las últimas semanas, los medios de comunicación de Lara han reportado al menos tres fallecidos en calabozos por inanición. El 28 de septiembre falleció Anderson Giménez Torres, de 21 años, en la Comandancia de la Policía Municipal de Iribarren. El ocho de noviembre Franklin Reyes Quero, de 25 años, en la policía regional de Lara y la semana pasada Arcadio Piña Piña, en el Centro de Coordinación Policial de Duaca.
En el caso de Quero sus familiares afirmaron que el detenido pasaba mucha hambre en el penal y que incluso llegó a robarle la comida a alguno de sus compañero, por lo cual era golpeado, reportaron medios locales.
La imagen de Polichacao se repite en la División de Captura del Cicpc, en El Rosal. Por más de dos horas de espera solo se logró contactar a una sola persona. Efraín Guzmán (nombre ficticio), quien asiste a diario hasta este organismo a traerle la comida a su hijo, entre las 12:00 pm y las 3:00 pm.
El proceso no le toma dos minutos. Entra, entrega y sale. No sabe en qué momento del día le darán los alimentos a su hijo menor, funcionario del Cicpc, procesado por estafa. El menú del día es carne con arroz y ensalada y dos arepas que debe distribuir para la cena y el desayuno del día siguiente.
“A veces me llama a las 5:00 pm para preguntarme por la comida. Solo le respondo que se la dejé como siempre, pero nunca sé si en verdad se la entregan o porqué la demoran”, explica el hombre, quien prefiere que su hijo esté en El Rosal que en alguna otra cárcel, ya que sería aún más complicada la logística para atenderlo y verlo. Guzmán sabe que por tratarse de un funcionario goza de ciertas prerrogativas, por ser “causa”.
El hombre calcula que la alimentación diaria de su hijo —desayuno, almuerzo y cena— le implica a la familia un gasto mensual de al menos 40 mil bolívares. Todos colaboran. En la manutención del familiar ya se ha ido una casa y la liquidación de su hermana, quien se encuentra desempleada. Entre la pensión de Guzmán y el sueldo de su esposa tratan de cubrir los gastos generados por esta situación.
El hombre desconocía la realidad alimentaria de los procesados, al percatarse de la obligatoriedad del apoyo familiar se asombra por la poca presencia de personas que a diario visitan las dependencias de El Rosal. “Siempre estoy yo solo a la hora que vengo, a veces solo coincido con una sola persona. Los domingos es cuando vemos muchas más personas trayéndole comida a los detenidos, durante la visita”, explicó.
En este sentido, aboga porque las instituciones responsables se interesen por los detenidos. Admite que hay que seleccionar los alimentos que reciben, porque ellos no están expuestos a los rayos solares; por eso, —en su caso— procuran proporcionarle ácido cítrico, zanahorias, remolachas, apio. “Él parece un fantasma de lo blanco que está”.
En mayo de este año, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, denunció que 45 mil 518 presos hacen vida en las comisarías y retenes del país, en condiciones infrahumanas. Tal afirmación la realizó en el marco de una reunión celebrada entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública, ministerio de Asuntos Penitenciarios y las Fuerzas Armadas Nacionales, con el propósito de tratar el tema del hacinamiento.
Saab rechazó que en estos despachos existan más de tres mil presos condenados que no hayan sido remitidos a una cárcel y que muchos de los detenidos denuncien que no se les ha practicado la audiencia preliminar respectiva.
“No podemos aceptar como Estado democrático que eso ocurra y no haya una solución inmediata, o que estén procesados que no hayan sido llevados a audiencia durante muchísimo tiempo“, indicó el Defensor en mayo, quien teme porque la situación se agrave en el tiempo si no se resuelve de manera temprana, integral, con el apoyo del sistema de justicia.
Su despacho llevó adelante una investigación que conllevó a 900 inspecciones a estos centros policiales en todo el país, la cual arrojó que hay 22 mil 759 detenidos en comisarías y cuarteles, 13 mil 314 en sedes de policías regionales, cuatro mil 149 en calabozos del Cicpc, cuatro mil 49 en comandos de la Policía Nacional y mil 247 en centros de policías municipales.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones en las cárceles del país hay 49 mil 644 reclusos, solo cuatro mil 126 más que en las comisarías, lo que equivaldría a 95 mil 162 privados de libertad en total.
A pesar de la crítica situación que se vive en las comisarías: fugas, motines, hambre, la ministra para el Asunto Penitenciario, Iris Varela, indicó este mes que: “No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio, tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso”.
De esta manera la funcionaria ratificó la decisión ya anunciada en el 2014 de no abrir cupo en los penales a los procesados que estén en manos de un tribunal de control.
En este sentido, instó a los responsables de estos despachos a garantizar los derechos humanos de los procesados. “Siempre esas comisarías y esos centros de detención policiales van a existir, han existido y existirán. Entonces tienen que prever una logística obligatoriamente para que atiendan esa situación de derechos humanos. Que yo sepa hay muchos gobernadores y alcaldes que están preocupados por eso y lo coordinan”, señaló en rueda de prensa la funcionaria.
De acuerdo con un estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones, en las ocho comisarías del Área Metropolitana de Caracas se observa un hacinamiento crítico y la mayoría (42,9%) de los privados de libertad llegaron a estos centros durante el último semestre. El 25,91% lleva entre seis meses y un año y hay casos que superan los dos años (1,94%).
