La oposición denuncia "hacinamiento inhumano" en las cárceles venezolanas
Los niveles de hacinamiento en las cárceles venezolanas son "inhumanos", pues la capacidad instalada es para 12.500 presos y hay 46.888, de los cuales la mayoría no tiene sentencia firme, afirmó hoy la diputada opositora Delsa Solórzano.
La legisladora de la Comisión de Derechos Humanos y Política Carcelaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) presentó en una rueda de prensa el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) junto al presidente de la entidad, Humberto Prado.
Al 30 de abril de 2011 la población reclusa de Venezuela es de 46.888 personas, más del doble de los 23.299 contabilizados en 2008 y casi cuatro veces por encima de la capacidad de las cárceles, lo que ha creado una "situación verdaderamente alarmante".
El informe agrega que sólo el 28,9% de los 46.888 presos (43.735 hombres y 3.153 mujeres) cumplen condenas en firme, lo que en palabras de Solórzano constituye "una situación aberrante".
Prado precisó que el informe presentado hoy no alude a los altos índices de violencia que se registran en la totalidad de la treintena de penitenciarías existentes en Venezuela, pero será actualizado en los próximos meses con esos datos.
Según cifras de OVP, entre 2005 y 2009 murieron 1.865 presos y 4.358 resultaron heridos en hechos de violencia que son prácticamente diarios en las prisiones del país.
"Solo ayer se produjeron cuatro muertos y 25 heridos en (una riña entre reclusos de) la cárcel de Barinas", en el oeste venezolano, informó hoy Prado.
Entre varios hechos suscitados en las cárceles del país en las últimas semanas destacaron las profundas heridas que se infligieron "más de 190 muchachos que se flagelaron para exigir una serie de atenciones", reportó Prado en alusión a la "huelga de sangre" cumplida el mes pasado en una cárcel del centro del país.
En otra prisión próxima a Caracas, un grupo de presos mantuvo secuestrados por una semana a una veintena de autoridades penitenciarias, incluido el director del penal, para exigir atención médica por un brote de tuberculosis que reportaron a inicios de mes y que fue desmentido por las autoridades de Gobierno.
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