La situación carcelaria en Argentina y Brasil es considerada grave.
La sobrepoblación y el maltrato en el sistema carcelario representan, según los expertos, una de las mayores crisis de derechos humanos que enfrenta América Latina. Esta semana, el tema causó polémica en las dos principales economías del Cono Sur, donde el problema penitenciario es particularmente grave.
la cárcel de Carandiru, situada en Sao Paulo, Brasil,
En Brasil, la controversia surgió tras los comentarios del juez Cezar Peluso, quien en pocos días asumirá la presidencia del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia del Poder Judicial.
Peluso calificó la situación en las cárceles brasileñas como un "crimen de Estado contra el pueblo", una de las críticas más fuertes oídas sobre un tema que, para muchos, es tabú en Brasil.
De acuerdo con datos de las Naciones Unidas (ONU), unas 470.000 personas cumplen condenas en las prisiones brasileñas, que tienen capacidad para 300.000 prisioneros.
En tanto, los índices de reincidencia en el país son los más altos del mundo: se estima que un 70% de los detenidos vuelve a cometer crímenes.
Argentina
El 80% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires cumple prisión preventiva
Andrea Pochak, CELS
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La grave situación del sistema carcelario también dio que hablar en la vecina Argentina, con la publicación de un informe de la ONU crítico del accionar del Estado en esta materia.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner relativizó los reclamos realizados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instó al país a reducir el "alto índice de hacinamiento" y "la violencia intracarcelaria" en el Servicio Penitenciario.
En su informe, dado a conocer a fines de marzo pero publicado en medios locales este lunes, el Comité también cuestionó "la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial".
Pero la principal objeción del organismo tuvo que ver con el alto número de presos con prisión preventiva.
Sin condena
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –organización que presentó datos ante la ONU- Argentina es uno de los países de la región con mayor número de población carcelaria sin condena.
Un 30% de las personas juzgadas en la provincia de Buenos Aires son absueltas, pero para ese punto ya han cumplido dos o tres años de cárcel
Andrea Pochak, CELS
"El 80% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires cumple prisión preventiva", le dijo a BBC Mundo Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.
La situación del sistema penitenciario bonaerense es particularmente preocupante, según Pochak.
A pesar de que la provincia cuenta con 17.930 plazas carcelarias, en la actualidad el sistema mantiene a 25.050 personas, además de otras 4.500 que están detenidas en dependencias policiales.
En un comunicado, el gobierno argentino reconoció los "problemas estructurales que existen en la materia", pero destacó los esfuerzos realizados para buscar una solución y resaltó otros tramos del informe de la ONU que resultaron más elogiosos hacia la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo.
Problema de leyes
Según Pochak, los problemas del sistema carcelario son responsabilidad de los tres poderes del Estado. Sin embargo, la experta consideró que los principales cambios deben ocurrir en la legislación y en la administración de la justicia.
En ese sentido, la especialista criticó las leyes procesales que limitan el uso de las excarcelaciones y obligan a los jueces a encerrar bajo prisión preventiva a personas que no representan un verdadero peligro para la sociedad.
Un segundo problema es la lentitud de la justicia, que tarda, en promedio, no menos de dos a tres años en concluir un juicio.
"Un 30% de las personas juzgadas en la provincia de Buenos Aires son absueltas, pero para ese punto ya han cumplido dos o tres años de cárcel", afirma Pochak.
Por eso, para la experta, la solución a los problemas de hacinamiento en las prisiones latinoamericanas no es construir más cárceles, sino administrar mejor la justicia.
En tanto, para reducir los problemas de reincidencia, Pochak recomienda mejorar la calidad del servicio penitenciario, permitiendo que los detenidos estudien, algo que –afirma- se ha comprobado permite a los prisioneros reinsertarse nuevamente en la sociedad.
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