Eliminarían antecedentes a los reclusos que hayan cumplido su condena

HABRÁ CUSTODIOS ITINERANTES PARA LOS TRASLADOS: MINISTRA Varela propone prohibir el contacto directo entre los funcionarios civiles y militares con la población penal. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, indicó, ayer, que una de las prioridades para su despacho es generar políticas que permitan a la población privada de libertad contar con un trabajo digno, a fin de que no tengan que incurrir en delitos una vez culminado su período de reclusión. En ese sentido, informó que los privados de libertad —una vez cumplida su pena— pueden hacer uso de un recurso para solicitar la destrucción del registro de esos datos. “Una persona que ya cumplió su condena tiene derecho a que se le destruyan los antecedentes. Eso lo vamos a implementar”, dijo Varela, quien explicó que esa información será manejada confidencialmente por el Estado. “Si no le garantizamos un trabajo, ¿qué hará esa persona una vez que salga de la cárcel? Puede reincidir en la comisión de delitos”, consideró la ministra, entrevistada ayer en un programa de radio. Varela informó que ha solicitado la elaboración de talleres de servicios generales para vehículos, que serán impartidos a los penados. Señaló que esas labores serán remuneradas porque el propósito no es esclavizarlos e indicó que la mayoría de la población penal quiere incorporarse al programa. “Tenemos que mantener a esas personas ocupadas y eso creo que es lo mejor que podemos hacer”, puntualizó Varela, al tiempo que enfatizó la atención postpenitenciaria por parte parte del ministerio. También se refirió al combate de las mafias penitenciarias y a los retardos procesales, con un plan integral que se articula con el Ministerio Público y el TSJ. Entre las acciones principales que se han adelantado en esa materia destacan el despliegue de las juntas evaluadoras que desde el pasado sábado y hasta el próximo 15 de octubre visitarán todos los centros penitenciarios del país . “Cada equipo de cinco personas debe evaluar a 400 o 500 penados y cada día que hagan su evaluación deben estar enviando al despacho los resultados”, dijo la ministra, quien indicó que ese registro permitirá tener una perspectiva real de la situación que se vive en los centros de reclusión. Destacó que otra de las medidas que ayudará a combatir las mafias internas será la prohibición, mediante una norma, del contacto directo entre los funcionarios civiles y militares con la población penal. Adelantó que en el caso de los traslados, se procurará realizarlo con custodios itinerantes. “Cuando uno consigue cosas como armas o drogas ¿Quién las mete? Uno sabe que son los funcionarios, eso lo hemos hablado”, explicó Varela, tras recalcar que el objetivo de las nuevas prohibiciones será tener mecanismos para establecer responsabilidades cuando haya alguna irregularidad.