Sobresaturación es de un 300%, pues los centros apenas tienen capacidad para albergar a 8,100 reos. En 2011 hubo 15 homicidios
El sistema penitenciario salvadoreño ha iniciado 2012 con mucha violencia. El viernes anterior cinco reos fueron asesinados y 13 más resultaron lesionados durante una riña ocurrida en el penal de Usulután, que al parecer obedecería a un plan de fuga.
Una de las principales causas de esta violencia carcelaria es el alto grado de hacinamiento de los penales.
Según registros de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), hasta el 9 de enero había un total de 25,400 reos, lo cual representa una sobre saturación de más del 300 por ciento.
Los 19 centros penales fueron creados para albergar a 8,100 internos.
La saturación carcelaria parece que seguirá siendo el principal dolor de cabeza de las autoridades del ramo, dado que aún no están listos los penales de Jucuapa, en Usulután; Izalco, en Sonsonate, y la ampliación de Zacatraz, en La Paz. Los tres están en construcción.
En la actualidad, la población penitenciaria salvadoreña es cinco veces más que la existente en 1998 (8,400 internos) con casi la misma infraestructura, según informes de la DGCP.
A la sobrepoblación se suma el auge delincuencial que día con día agobia al país. Esta realidad obliga a la Policía Nacional Civil (PNC) a capturar diariamente, en promedio, a 150 personas por diversos delitos, algunas por orden judicial o fiscal y otras detenciones in fraganti.
Esta constancia tiene a las bartolinas policiales al tope en la zona metropolitana de San Salvador, ya que han superado su capacidad.
Según las autoridades, en estos calabozos hay más 2,400 detenidos y el cupo es de sólo 800 arrestados.
En su condición, estos detenidos no deberían permanecer más de seis días, plazo en que se realiza la acusación y la audiencia inicial.
Son más los jóvenes
Según la DGCP, la mayoría de los reos son jóvenes. El 31.96% tiene entre 18 y 25 años; el 42.23%, 26 y 35 años; y el 16.38%, entre 36 y 45.
Estas estadísticas no incluyen a los 700 menores que guardan prisión en los cuatro centros de resguardo para esta población.
El 72.1% de los reos cumple una condena y un 27.9% aún espera ser sentenciado, según la DGCP.
Pero mientras las estadísticas de prisioneros cada día se ensanchan, el problema parece no tener solución, al menos en el mediano plazo, porque tampoco se cumplen los beneficios penitenciarios como la media y las tres partes del pena.
A criterio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el hacinamiento carcelario es el resultado de la falta de aplicación de la ley que establece beneficios en la fase de confianza y semi-libertad por buena conducta y otros requisitos.
La Ley Penitenciaria también demanda que los internos deben tener la oportunidad de rehabilitarse o reinsertarse a la sociedad mediante el trabajo y su formación en diferente cursos.
No obstante, tampoco estas condiciones se han cumplido en la historia penitenciaria del país, por falta de espacio y recursos.
Para ofrecer los beneficios carcelarios, se requiere información precisa de cada interno que, de acuerdo con la Ley Penitenciaria, debe estar en un expediente único.
Por muchos años no se había contado con este documento con información actualizada del reo hasta hace unos años. Actualmente no solo existe manual sino que está actualizado, sostuvo Flores.
El expediente único refleja el nombre del reo, el delito, la residencia, el grupo familiar, el juez de vigilancia penitenciaria a cargo, el comportamiento en reclusión, los cursos y capacitaciones obtenida como parte de la rehabilitación y reinserción.
Esta información es el punto de partida para que un prisionero, pueda ser evaluado para ofrecerles algún beneficio penitenciario.
Se deber impulsar la modernización de las cárceles, y gran parte de éstas todavía no cumplen las condiciones porque no fueron construidas para ello.
Otra medida que se impulsó para intentar reducir el problema de saturación penal, fue la promulgación de los decretos 444 y 445.
Con estos decretos los diputados se proponían, además de reducir el hacinamiento en las prisiones, humanizar algunos casos de enfermos terminales y personas de la tercera edad.
Mediante este decreto, varios reos saldrían de las cárceles para terminar sus condenas en casa, pero al final muy pocos se han beneficiado.
Según la PDDH, en el tema de los decretos hubo descoordinación, para brindar estos beneficio, entre los equipos técnicos de los penales, el Consejo Nacional de evaluación Criminológica y los jueces de vigilancia penitenciaria.
Algunos jueces de Vigilancia Penitenciaria en su momento manifestaron que los equipos técnicos y el Consejo Criminológico Central tampoco hicieron lo que les competía correctamente, pues en sus informes no reflejaban todo el historial y los avances que los candidatos, debían reunir para ser promovidos a los beneficios penitenciarios.
Reforma
La Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad) considera que para no sobresaturar los penales sería conveniente que los diputados promulguen una reforma legal que establezca no enviar a prisión a las personas que cometan delitos sancionados con penas menores de cinco años.
También a juicio de este abogado sería importante, que los diputados reformaran al artículo 92 A del Código Penal que limita los beneficios penitenciarios y promover la justicia restaurativa a favor de la víctima mediante la conciliación en los casos que lo ameritan.
Actualmente con el nuevo Código Procesal Penal en vigencia desde enero de 2011, no se remiten a los reclusorios, los implicados que han cometido infracciones penales cuyo castigo no supera los tres años y que tampoco sean reincidentes.
También es necesario que las autoridades le presten especial atención al impacto que está causando el crimen organizado en las cárceles, del cual muy poco se escucha, afirmó Nelson Flores de Fespad.
Como consecuencia del hacinamiento y la falta de ocupación de los prisioneros, el 85 por ciento de los homicidios y las extorsiones que se cometen en el país, es ordenado desde las prisiones, según lo ha externado reiteradamente la Policía y la Fiscalía en sus diversas investigaciones.
Además, esta sobre saturación penitenciaria, solo en 2011 dejó como saldo rojo, 15 asesinatos de reos, según informes de la PDDH.
El sistema penitenciario ideal debe pasar por un equilibrio entre la prevención y el castigo, porque solo con la segunda, difícilmente se dejará de enviar a más personas en libertad a prisión, afirmó Flores.
Agregó que la prevención debe ser un tema curricular académico en las escuelas, el cual debe ser reforzado por las familias y la comunidad, sostiene.
La ONG cree que es vital que las diversas instituciones del Estado se involucren en el trabajo integral de prevención de las comunidades, sobre todo, las más vulnerables o proclives a la violencia.
Sin embargo, no está de acuerdo con las capturas masivas e indiscriminadas, porque llevan a la saturación de bartolinas y penales.
La actual directriz del ministro de Justicia y Seguridad es realizar nuevos despliegues que refuercen la seguridad de las zonas más conflictivas para recuperar la tranquilidad de las poblaciones.
Estos esfuerzos se desarrollan en sitios como Panchimalco, residencial Altavista, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, así como en colonia Santa Isabel, en Santa Ana; Las Mercedes, en San Miguel, y más recientemente en Sacacoyo, Jayaque y municipios aledaños del norte del departamento de La Libertad.
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