Infanticidas de Guanare fueron trasladadas a cárcel de Coro
Las cuatro mujeres durmieron el viernes en la noche en el anexo femenino del Internado Judicial de Carabobo, mientras el enfermero fue recluido en la Mínima de Tocuyito. El sábado trasladaron por tierra a las cuatro imputadas.
Las cuatro mujeres imputadas en el caso del homicidio del menor de cinco años ocurrido el primero de diciembre en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa, fueron trasladadas este sábado al centro Penitenciario de Coro en el estado Falcón informaron fuentes de la Guardia Nacional.
Gelliknet González Quevedo (30) madre de la víctima, Anney del Carmen Montilla (25) acusada como autora material del crimen, Valentina Oropeza de Montilla (50), Doris Oropeza (37) y el enfermero Yure Hernández Medina (39), fueron trasladados el viernes pasado desde la Dirección General de la Policía de Guanare hasta la cárcel de Tocuyito en Carabobo donde permanecieron algunas horas.
Las mujeres durmieron en el anexo femenino del Internado Judicial de Carabobo mientras que el enfermero fue recluido en la Mínima de Tocuyito.
El sábado una comisión de la Guardia Nacional procedió al traslado vía terrestre de las cuatro mujeres hasta la Cárcel de Coro donde permanecerán recluidas hasta nuevo aviso.
Trascendió que con la finalidad de proteger la integridad física del enfermero imputado en este caso, las autoridades del penal carabobeño optaron por ubicar al imputado en una celda aislada del resto de la población de reos de la Mínima de Tocuyito.
El pasado 7 de diciembre el Tribunal Primero de Control del primer circuito judicial de Portuguesa dictó privativa de libertad contra los cinco indiciados a solicitud del Ministerio Público por el homicidio del menor.
Los fiscales 20 nacional, Daniel Guédez, Sexto de Portuguesa , Apolonio Cordero y Auxiliar del Primer Circuito de este entidad Simara López, imputaron a las cuatro mujeres y al enfermero por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado, trato cruel, abuso sexual a un niño y lesiones intencionales, tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El crimen de este niño conmocionó a la ciudad de Guanare donde se registraron saqueos y la quema de las viviendas y negocios propiedad de los imputados. Durante varios días la capital de Portuguesa fue militarizada, los comercios permanecieron cerrados y las clases fueron suspendidas.
Gelliknet González Quevedo (30) madre de la víctima, Anney del Carmen Montilla (25) acusada como autora material del crimen, Valentina Oropeza de Montilla (50), Doris Oropeza (37) y el enfermero Yure Hernández Medina (39), fueron trasladados el viernes pasado desde la Dirección General de la Policía de Guanare hasta la cárcel de Tocuyito en Carabobo donde permanecieron algunas horas.
Las mujeres durmieron en el anexo femenino del Internado Judicial de Carabobo mientras que el enfermero fue recluido en la Mínima de Tocuyito.
El sábado una comisión de la Guardia Nacional procedió al traslado vía terrestre de las cuatro mujeres hasta la Cárcel de Coro donde permanecerán recluidas hasta nuevo aviso.
Trascendió que con la finalidad de proteger la integridad física del enfermero imputado en este caso, las autoridades del penal carabobeño optaron por ubicar al imputado en una celda aislada del resto de la población de reos de la Mínima de Tocuyito.
El pasado 7 de diciembre el Tribunal Primero de Control del primer circuito judicial de Portuguesa dictó privativa de libertad contra los cinco indiciados a solicitud del Ministerio Público por el homicidio del menor.
Los fiscales 20 nacional, Daniel Guédez, Sexto de Portuguesa , Apolonio Cordero y Auxiliar del Primer Circuito de este entidad Simara López, imputaron a las cuatro mujeres y al enfermero por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado, trato cruel, abuso sexual a un niño y lesiones intencionales, tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El crimen de este niño conmocionó a la ciudad de Guanare donde se registraron saqueos y la quema de las viviendas y negocios propiedad de los imputados. Durante varios días la capital de Portuguesa fue militarizada, los comercios permanecieron cerrados y las clases fueron suspendidas.
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