Esta medida, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), se enmarca dentro del programa conocido como el Plan Cambote, destinado a mejorar la infraestructura penitenciaria y que también contempla la rehabilitación de los espacios ya existentes y la construcción de tres Ciudades Penitenciarias.
El Gobierno venezolano anunció que, dentro del Plan de Humanización Penitenciaria, se construirán en el país 24 nuevos centros para albergar a los privados de libertad que se encuentren a la espera de sentencia.
La ministra de esta cartera, María Iris Varela, aseguró que ya está aprobado el presupuesto para la construcción de los nuevos establecimientos y que desde el ejecutivo nacional se sigue trabajando arduamente para enfrentar la situación carcelaria, no sólo con acciones puntuales, sino con una política que modifique la estructura actual -heredada de décadas de desidia y desatención- y la cambie por un sistema penitenciario "humanista y transformador".
Hechos concretos
La bandera del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) ha sido el Plan de Humanización Penitenciaria, un proyecto estratégico orientado a la transformación social de los privados de libertad que se está implementado mediante importantes programas como el Plan Cayapa, la Operación Cayapita, el Plan Cambote, el Plan Chamba y el Plan Llegó Maíta, orientados a alcanzar las mejores condiciones de reclusión, alternativas al cumplimiento de la pena y el apoyo post penitenciario.
Este año, a través del Plan Cayapa, se han instalado tribunales itinerantes en los centros penitenciarios y con la Operación Cayapita unos 40 mil reclusos pueden acceder a estudios psicosociales que le permitan acelerar sus procesos. Estos estudios están siendo realizados por Juntas Evaluadoras integradas por un grupo multidisciplinario de 500 profesionales en las áreas del derecho, medicina, criminología y psicología.
En materia de apoyo para el trabajo, se creó el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP) que ha puesto en marcha dentro de los centros 30 nuevas unidades socioproductivas y ha reorientado las 56 ya existentes, además se activó el Plan Chamba , que garantiza trabajos dignos a las personas que recuperan su libertad
Otro proyecto puesto en marcha es el Plan Llegó Maíta, que ha incorporado a una selección de más de 400 madres de los reclusos en programas educativos y de convivencia dentro de los recintos. Esta iniciativa ha sido puesta en marcha considerando sugerencias de exreclusos, quien señalan la figura materna como clave para los privados de libertad.
En el área de asistencia médica, en el primer trimestre de 2012 se dotó a todos los establecimientos penitenciarios de insumos médicos y odontológicos, se realizaron jornadas extraordinarias de vacunación, despistaje de hipertensión arterial e infecciones de transmisión sexual y se impartieron charlas de prevención en la salud.
En cuanto a la atención educativa, los privados de libertad han podido acceder este año a nuevos cursos formativos, como: informática, inglés, electricidad, albañilería, herrería, confección de vestidos, mecánica automotriz, carpintería, panadería, cocina y peluquería, entre otros. También se ha potenciado el área cultural con talleres musicales de teoría y solfeo guitarra, cuatro, mandolina y tambor, así como clases de danza, teatro y artes plásticas; y el deporte con la realización de torneos internos de baloncesto, futbol sala, tenis, softbol, boxeo y ajedrez.
Mayor autonomía
El gobierno del presidente Chávez creó en junio de 2011 el MPPSP para contar con una entidad con mayor autonomía funcional y presupuestaria, que ayudara a acelerar la resolución de la compleja situación carcelaria que ha vivido el país por décadas. Anteriormente, el sector penitenciario caía dentro de la diversidad de responsabilidades del Ministerio de Interior y Justicia.
La puesta en marcha del ministerio, y en consecuencia el impulso del Plan de Humanización Penitenciaria, ha propiciado otras acciones concretas como la elaboración de un censo que permita confirmar la cifra total de procesados y penados, así como su situación socioeconómica.
En los últimos años también se ha creado un Consejo Superior Penitenciario y una Comisión Presidencial de Emergencia, que han ayudado a avanzar en la atención de esta compleja área.
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