La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, supervisó este miércoles el programa “Llegó la chamba” en el Internado Judicial de Yaracuy, donde los privados de libertad podrán aprender oficios en talleres de carpintería y herrería, así como en una fábrica de bloques, una panadería y un centro agroproductivo.
Cada uno de los penados que participan en esas labores recibirá su respectiva remuneración, y los productos que sean manufacturados serán puestos a la venta para el público.
La titular de la cartera detalló que los talleres de carpintería cuentan con facilitadores que enseñan el oficio a la población penitenciaria “para hacer esos artículos, esos muebles que después se van a vender en la tiendas que tenemos”.
“Los artículos que ellos elaboran están a disposición del pueblo venezolano”, recalcó Varela, quien conversó con algunas de las personas privadas de libertad que a partir de hoy se incorporarán a esas labores productivas, luego de haber recibido un curso introductorio.
“Nosotros estamos muy contentos con esto porque lo que queremos es aprender, seguir adelante, dejar todo lo malo atrás”, dijo Juan José Coronado, uno de los beneficiados con el programa.
Los talleres inaugurados en el Internado Judicial cuentan con la maquinaria y espacios adecuados para que la población penal se incorpore al plan de empleos diseñado por la cartera que dirige Varela.
El pasado martes la ministra explicó que además de los talleres, se desarrollarán otros planes en los centros penitenciarios luego del diagnóstico que se realizó a esas instalaciones en el último trimestre del año pasado.
“Estamos enfrentando la situación penitenciaria con mucho optimismo”, agregó Varela, al tiempo que recalcó que por tercera semana consecutiva se implementará el plan Cambote, diseñado para reparar la infraestructura penitenciaria con la participación de los reclusos como mano de obra.
Refirió: “Esto les sirve para ocuparlos y combatir el ocio que se registra en los centros penitenciarios. En estos momentos se encuentra el plan Cambote en plena ejecución y está involucrando a 695 reos, uno por cada región penitenciaria”.
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