Buenos Aires, 21 sep .- La Procuración Penitenciaria de la Nación argentina, organismo de defensa de los derechos humanos de los presos, presentó hoy un informe que denuncia que se ha agravado la situación de tortura y malos tratos en las cárceles federales argentinas.
El informe indica que desde que se creó el registro de casos judiciales de tortura a fines de 2007, la Procuración ha elevado un total de 654 causas por malos tratos en la jurisdicción federal.
En 2009, la Procuración registró 191 casos de tortura y malos tratos, y un total de 47 muertes en las cárceles federales, 15 por causas violentas.
El organismo denuncia la ausencia de una política de Estado para abordar este problema "endémico" de las cárceles argentinas, así como para corregir el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, que a su juicio "sigue anclado en la doctrina según la cual el control y la gestión de la cárcel se hacen empleando medios violentos".
El informe oficial arremete también contra la "inactividad judicial", ya que "en la inmensa mayoría de los casos ni los fiscales ni los jueces impulsan investigaciones de las denuncias de tortura y malos tratos", que suelen quedar archivadas "dejando a la víctimas absolutamente desprotegida en manos de sus torturadores, y garantizando a éstos la impunidad", afirma el texto.
En este sentido, la Procuración Penitenciaria asegura que Argentina no ha adoptado ninguna de las recomendaciones que el Comité contra la tortura de Naciones Unidas le formuló en 2004 para proteger a las víctimas y evitar la impunidad de los presuntos autores de estos actos violentos.
Por otra parte, considera que el Servicio Penitenciario Federal no diseña acciones para tratar de garantizar la reinserción del preso en la sociedad, ni tampoco políticas de género que tengan en cuenta "las necesidades y características específicas" de las mujeres.
En 2009 dos mujeres murieron en prisión por causas violentas, hecho que hacía más de diez años que no ocurría, concluye el informe.
La Procuración Penitenciaria de la Nación fue instituida en 1993 por decreto como un organismo independiente del Ministerio de Justicia, pero desde 2003 se desempeña por en el ámbito del Poder Legislativo.
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