El Salvador intentará regresar este viernes a la normalidad, una vez completado el paro de transporte de 72 horas "ordenado" por las dos principales pandillas del país en protesta contra una ley que las criminaliza.
El paro mantuvo semiparalizado por tres días al país centroamericano, pero no evitó que el presidente Mauricio Funes sancionara el jueves la Ley de Proscripción de Maras aprobada por el parlamento el 1º de septiembre pasado.
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El gobierno salvadoreño también descartó cualquier tipo de diálogo con las pandillas, e incluso destituyó de una comisión gubernamental a un sacerdote católico que se había ofrecido como mediador y colaborado con las maras en la difusión del comunicado en el que demandaban un diálogo con el gobierno.
El mandatario dijo que no se dejará chantajear.
Con anterioridad, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha habían hecho circular volantes ordenando a los transportistas dejar de circular a partir del martes o, de lo contrario, que "se atuvieran a las consecuencias".
"No nos vamos a dejar chantajear, no nos vamos a dejar presionar", dijo sin embargo Funes.
"Seguimos con mano firme en la aplicación del plan de combate a la delincuencia que meses atrás dimos a conocer", anunció.
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"Medidas desesperadas"
El mandatario también calificó la imposición de los pandilleros de "medida desesperada" y afirmó que las maras habían fracasado en su intención de paralizar a todo el país.
(Vea una muestra de lo que son las pandillas salvadoreñas en un extracto del documental de Christian Póveda -asesinado en El Salvador el año pasado- en este espacio a la derecha.)
Según el corresponsal de BBC Mundo en San Salvador, Eric Lemus, aproximadamente un 80% de los transportistas no circularon el miércoles y la mayoría de los negocios también cerró sus puertas.
Para este combate necesitamos el apoyo de los Estados Unidos y se lo hemos solicitado
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
El jueves tampoco fue un día normal, pero la incidencia del paro habría sido menor que la víspera.
Para hacer frente a la amenaza de las pandillas, el gobierno ordenó el despliegue de unos 2.000 soldados y habilitó vehículos militares para movilizar la población.
Pero el presidente Funes advirtió que El Salvador necesitaba ayuda en su lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.
"No es una lucha que podamos llevar a cabo los países solos, prefiero una estrategia regional", dijo.
"Para este combate necesitamos el apoyo de los Estados Unidos y se lo hemos solicitado", afirmó.
A esperar
Por lo pronto, todavía es demasiado temprano para saber quién salió mejor parado en esta nueva pulseada entre las autoridades y las maras.
Funes criticó duramente a la oposición por afirmar que el paro forzado de transporte demostraba que su gobierno ya había perdido la batalla contra la delincuencia, y dijo que ese mensaje sólo beneficiaba a "quienes quieren ver a El Salvador convertido en un narcoestado o en un estado controlado por el crimen organizado".
El ejército fue movilizado para hacer frente a la situación.
También acusó a "algunos transportistas" y al opositor partido ARENA de querer aprovecharse de la situación para obtener beneficios personales.
Pero el impacto real que puedan tener la nueva ley y, en general, la política gubernamental –que para muchos cada vez se parece más a la política de "Mano Dura" implementada sin mayor éxito por administraciones anteriores- todavía está por verse.
"Por el momento parece más de lo mismo, que no resultó en el pasado. No veo nada nuevo, nada que sugiera que esta vez sí va a funcionar", le dijo a la BBC Carlos Dada, director del periódico digital salvadoreño El Faro.
"Y lo que hemos visto en estos últimos días en San Salvador es en buena medida resultado del miedo, el resultado de una fuerte percepción de inseguridad, de la percepción de que el Estado no puede lidiar con la gente violenta y el crimen organizado", concluyó Dada.
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