Abogados advierten que la reforma del COPP, aprobada vía Habilitante, traerá más impunidad
A partir del 1° de enero de 2013, los delincuentes que cometan homicidio culposo, hurto, estafa, lesiones graves, apropiación indebida, actos lascivos, lesiones gravísimas y graves, simulación de hecho punible y hasta privación ilegítima de libertad no serán penados con cárcel. Esos delitos son calificados como menos graves y las penas no exceden en ningún caso el límite de ocho años de prisión, de acuerdo con la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal, aprobada el 15 de junio de 2012 vía Ley Habilitante.
Para quienes cometan los delitos citados, la sanción penal podrá ser la obligación de hacer trabajo comunitario por un lapso de entre tres y ocho meses, supervisado por un coordinador de un consejo comunal o de alguna organización social, de acuerdo con lo que decida el tribunal municipal que se encargue de la causa.
El problema está en que de los 548 artículos del Código Penal, 246 se refieren a delitos cuyas penas no exceden los 8 años de prisión, lo que representa 70% de las transgresiones incluidas en ese instrumento legal, sin contar leyes de carácter especial que tienen otros tipos de infracciones penales con sanciones menores a los 8 años de cárcel.
Así lo explicó el abogado penalista y ex fiscal Luis Izquiel, quien aseguró que la consecuencia inmediata de la reforma es más impunidad, pues como en el sistema de administración de justicia se ha procurado que la privación de libertad sea la excepción y no la regla, prácticamente nadie irá a prisión.
"Con las medidas aprobadas recientemente sólo se está decretando más impunidad de la que hay porque entonces un delincuente que desvalije una casa o que estafe a un sinfín de víctimas no irá a prisión en ningún caso. Independientemente de la proporcionalidad, así sea un daño gravísimo el hurtado o estafado o las lesiones causadas a alguien, ningún juez podrá decir que el que cometió el delito irá a prisión", explicó el jurista.
Para ser más exactos, el miércoles 27 de junio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los tribunales penales municipales podrán conocer las causas hasta de 683 delitos establecidos y sancionados en el Código Penal y demás leyes especiales.
Se trata de delitos no violentos, como sí lo son el homicidio, el secuestro, los robos y las extorsiones, entre otros, según la máxima representante del Ministerio Público.
Izquiel señaló al respecto que efectivamente los delitos violentos son los que más ocurrencia tienen en el país, pero los menos graves también inciden en los índices delictivos aunque en menor proporción.
Descontrol y reincidencia
El abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez aseguró que con el andamiaje que actualmente tiene el sistema de administración de justicia y con la creación de los tribunales municipales, el Estado no cuenta con ningún tipo de control para supervisar o garantizar que el delincuente que cometa alguno de los delitos considerados menos graves no reincida aun después de que sea sancionado con trabajo comunitario.
Gutiérrez, sin embargo, es más optimista y aunque al igual que Izquiel es de la opinión de que la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla, afirma que hay tácticas legales que permitirán a los jueces ordenar la encarcelación de delincuentes. Agrega, por ejemplo, que al ser imputados por la Fiscalía por delitos menos graves, se les puede incluir en el proceso más de un delito cuya pena sume más de ocho años.
El penalista recordó que cuando se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal en 1999, el proceso de transición permitió que muchos delitos prescribieran y que gran cantidad de reclusos saliera en libertad. El experto aseguró que en esta oportunidad ocurrirá lo mismo.
"Estos cambios generarán más impunidad porque durante el régimen transitorio entre el antiguo COPP y las nuevas normas quedarán procesos en el aire. El Ministerio Públicotiene en sus manos las cifras de los casos que prescribieron y quedaron impunes por falta de decisiones cuando se hizo la transición anterior", explicó Gutiérrez.
Para quienes cometan los delitos citados, la sanción penal podrá ser la obligación de hacer trabajo comunitario por un lapso de entre tres y ocho meses, supervisado por un coordinador de un consejo comunal o de alguna organización social, de acuerdo con lo que decida el tribunal municipal que se encargue de la causa.
El problema está en que de los 548 artículos del Código Penal, 246 se refieren a delitos cuyas penas no exceden los 8 años de prisión, lo que representa 70% de las transgresiones incluidas en ese instrumento legal, sin contar leyes de carácter especial que tienen otros tipos de infracciones penales con sanciones menores a los 8 años de cárcel.
Así lo explicó el abogado penalista y ex fiscal Luis Izquiel, quien aseguró que la consecuencia inmediata de la reforma es más impunidad, pues como en el sistema de administración de justicia se ha procurado que la privación de libertad sea la excepción y no la regla, prácticamente nadie irá a prisión.
"Con las medidas aprobadas recientemente sólo se está decretando más impunidad de la que hay porque entonces un delincuente que desvalije una casa o que estafe a un sinfín de víctimas no irá a prisión en ningún caso. Independientemente de la proporcionalidad, así sea un daño gravísimo el hurtado o estafado o las lesiones causadas a alguien, ningún juez podrá decir que el que cometió el delito irá a prisión", explicó el jurista.
Para ser más exactos, el miércoles 27 de junio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los tribunales penales municipales podrán conocer las causas hasta de 683 delitos establecidos y sancionados en el Código Penal y demás leyes especiales.
Se trata de delitos no violentos, como sí lo son el homicidio, el secuestro, los robos y las extorsiones, entre otros, según la máxima representante del Ministerio Público.
Izquiel señaló al respecto que efectivamente los delitos violentos son los que más ocurrencia tienen en el país, pero los menos graves también inciden en los índices delictivos aunque en menor proporción.
Descontrol y reincidencia
El abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez aseguró que con el andamiaje que actualmente tiene el sistema de administración de justicia y con la creación de los tribunales municipales, el Estado no cuenta con ningún tipo de control para supervisar o garantizar que el delincuente que cometa alguno de los delitos considerados menos graves no reincida aun después de que sea sancionado con trabajo comunitario.
Gutiérrez, sin embargo, es más optimista y aunque al igual que Izquiel es de la opinión de que la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla, afirma que hay tácticas legales que permitirán a los jueces ordenar la encarcelación de delincuentes. Agrega, por ejemplo, que al ser imputados por la Fiscalía por delitos menos graves, se les puede incluir en el proceso más de un delito cuya pena sume más de ocho años.
El penalista recordó que cuando se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal en 1999, el proceso de transición permitió que muchos delitos prescribieran y que gran cantidad de reclusos saliera en libertad. El experto aseguró que en esta oportunidad ocurrirá lo mismo.
"Estos cambios generarán más impunidad porque durante el régimen transitorio entre el antiguo COPP y las nuevas normas quedarán procesos en el aire. El Ministerio Públicotiene en sus manos las cifras de los casos que prescribieron y quedaron impunes por falta de decisiones cuando se hizo la transición anterior", explicó Gutiérrez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario