De “Comandante Fosforito” a ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela ha tenido un año nada fácil. De carácter fuerte y polémicas declaraciones, hasta ahora se le ha hecho difícil bajar los índices de violencia en las cárceles venezolanas, misión que le fue encomendada en julio del año 2011 por el presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG que dirige Humberto Prado, durante el primer semestre del 2012 se registraron 567 reos fallecidos de manera violenta en los internados judiciales del país, siete más que el año pasado, equivalente a un incremento del 5,98%.
“Una persona cualquiera que ingresa a un establecimiento carcelario tiene un 44 por ciento más de facilidades de morir dentro de prisión que en libertad”, indicó Prado.
Luego de ganar por tercer período consecutivo su curul en la Asamblea Nacional como representante del estado Táchira, gracias al apoyo popular, Varela decidió cambiar este escenario donde libró importantes batallas a favor de los ideales oficialistas, por trabajar en la tan deseada humanización carcelaria, tarea pendiente tras 14 años de Gobierno del Jefe de Estado.
Al parecer, alcanzar este objetivo resulta titánico, en vista de los hechos acaecidos durante los últimos años en los recintos penitenciarios, donde la droga, el alcohol y las armas de los más diversos calibres entran sin causar el mayor asombro entre propios y extraños. Sin dejar de contar los delitos orquestados intramuros en contra de la colectividad, como el secuestro y la extorsión.
La guerra a la corrupción ha sido una de las banderas enarboladas por la ministra Varela. En la mira se encuentran las mafias externas que nutren a las internas y que —de acuerdo con la convicción de la funcionaria— son las principales responsables de la situación actual en los recintos carcelarios. El “capitalismo” es la causante de esta descomposición, a su parecer.
Durante su primer año de gestión, Varela debió afrontar distintos hechos de gran violencia, como el cierre de una cárcel capitalina, motines con elevados números de fallecidos en Los Andes y Yare 1, y el asesinato de dos integrantes de su ministerio, supuestamente a manos de reos que no aceptaron los nuevos ordenamientos. En ambos casos, habrían contratado a sicarios para llevar adelante los homicidios.
A la par de esto, sufre las continuas denuncias y querellas por parte de los exfuncionarios de la Dirección de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior y Justicia, quienes exigen el pago de sus liquidaciones, que sean reenganchados a la nueva cartera responsable de las cárceles del país y desde distintos puntos de las redes sociales hacen públicos, a través de la cuenta @DNSPCOMBATIVA y del blog dnspcombativa.blogspot.es/, hechos de supuesta corrupción.
Sin embargo, la comandante no se amilana. En sus distintas apariciones públicas señala los planes que día a día lleva a cabo a través del ministerio para cambiar el espíritu carcelario: como Cayapa, Cambote, Llegó la chamba y Llegó maíta. Con estos proyectos pretende atacar el retardo procesal, el franco deterioro de los recintos penitenciarios, la condición social del interno y la violencia intramuros a través de la colaboración de los familiares de los propios presidiarios.
En un balance de su gestión, realizado al cumplirse el primer año de creación del MSP, la ministra afirmó que cuatro mil 223 presos están incorporados a las actividades productivas, que se han creado 17 panaderías; 15 granjas, 11 agrícolas, una porcina y tres avícolas; 13 cooperativas de mantenimiento; nueve talleres textiles; cinco herrerías; dos fábricas de jabones; tres talleres de cerámicas; dos peluquerías y dos bloqueras.
La Asamblea Nacional ya aprobó los recursos para la creación de 24 centros de procesados, que estarán ubicados en las ciudades capitales de los estados del país, y de esta manera se logrará descongestionar las dependencias penitenciarias. Solo al tener condena serán trasladados los privados a los internados judiciales.
Los críticos de su gestión reconocen su presencia en los recintos carcelarios, aunque admiten que “eso forma parte de su labor”. Durante este primer año dedicó parte de su tiempo a recorrer las 35 cárceles del país, compartiendo con los reos y explicándole los planes del nuevo ministerio e instándolos a no caer en las trampas de las mafias. Asimismo realizó un censo voluntario para conocer el número real de la población penal.
En entrevista concedida a este medio, Varela rechazó las críticas de algunos sectores sobre las conversaciones sostenidas con los llamados líderes negativos o pranes, quienes son los que mantienen el control dentro de los penales y marcan el orden interno. “En las cárceles lo que hay son presos, con quiénes quiere que yo hable, sino con presos”, indicó en su momento.
Asimismo señaló en una oportunidad que los “violentos” —como los llamó— son la minoría; no obstante, tienen el control de las armas, las drogas y el dinero y tienen la capacidad para generar hechos que afectan la gestión de cualquier funcionario, admitió un representante del MSP.
Durante los 11 años de vida parlamentaria, la ahora ministra integró la comisión de Política Interior de la AN, llevando adelante importantes investigaciones por conspiración contra la República, ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Guárico; el caso Linda Loaiza; el homicidio del fiscal nacional Danilo Anderson; ejecuciones a campesinos, sicariato y paramilitarismo, entre otros.
Tanto adversarios como compañeros de partido la reconocen como una mujer aguerrida, valiente y comprometida. Una política común como ministra es que da la cara ante cada hecho grave. Desde La Planta dirigió la salida de cada uno de los internos hasta el cierre definitivo del penal; en Yare 1, tras la última crisis, acudió hasta el centro mirandino para obtener información precisa de lo ocurrido.
Varela al asumir su nueva función ha realizado pocos señalamientos en contra de la gestión anterior responsable de esta área, pero ha marcado clara diferencia en algunos aspectos como ha sido el caso de las pernoctas, implementadas en el país en septiembre de 2008 por el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en procura de humanizar los internados.
“Nunca estuve de acuerdo con esto, como ustedes lo saben”, indicó en una oportunidad. Tras el cierre de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, en mayo de 2012, ratificó la suspensión de las pernoctas en todos los internados del país. Aunque admitió que no es “fácil quitar cosas de la noche a la mañana”, como también ocurre con los diversos centros de diversión que existen en cada cárcel.
Al parecer del criminólogo y penitenciarista Elio Gómez Grillo, esta figura se empleó de mala forma o se desvirtuó con el paso del tiempo, porque en la actualidad ha quedado demostrado que esta política ha generado cierto desorden en las cárceles que involucran drogas, alcohol y prostitutas.
El experto acota que al momento de instituirse la medida lo celebró, porque “fue un logro extraordinario para los privados de libertad. La familia es lo que más le importa al preso, en países como en Bolivia fue un éxito”, indicó Gómez Grillo. Lamentablemente esta no ha sido la realidad venezolana.
La crisis que marcó la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario fue la del Rodeo 1, ocurrida en junio del año pasado. En horas de la tarde del domingo 12 de junio se registró un motín que dejó un saldo oficial de 21 muertos. La visita se encontraba presente, estaba en el interior de la cárcel desde el viernes 10.
La última crisis importante en materia carcelaria se registró el domingo 19 de agosto, en el internado judicial de Yare 1. Al igual que en el caso del Rodeo, los familiares de los internos se encontraban en el interior del penal cuando comenzó el intercambio de disparos. Un visitante y 25 internos fallecieron, según admitió la propia ministra. Esto evidencia la continuidad de la pernocta en algunas cárceles a pesar de la decisión del ministerio.
El fundador del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios se resistió a realizar un balance de la actual gestión de Iris Varela; sin embargo, recordó que la crisis carcelaria del país comenzó con la caída de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. “El problema penitenciario comenzó con el hacinamiento y nunca hubo medidas ni respuestas. Ésta es una tarea monstruosa, no es fácil, no se puede remediar fácilmente los males de siglos. Ojalá tenga suerte”, enfatizó.
Agregó que no se puede enjuiciar el trabajo de un año de la ministra para un problema que tiene décadas. Le recomendó poner en vigencia el artículo 272 de la Constitución Nacional de la República, que fue aprobado de manera unánime y con todos los constituyentista de pie, “hoy en día es letra muerta”.
Por su parte, el director de Una ventana por la libertad, Carlos Nieto, rechazó la improvisación de la funcionaria en materia carcelaria. “Actúan como si las cárceles fueran un laboratorio de animalitos, a ver qué sucede dependiendo de lo que hagan”, indicó el experto.
Al mismo tiempo afirmó que los distintos planes que han intentado implementarse han fracasado, no se han obtenido los resultados planteados. “Quizás si se hubieran ejecutado hubiesen traído buenos resultados”, indicó Nieto, pero como señaló Gómez Grillo: las cosas no son como son, sino como se hacen.
Un reo de la cárcel Nacional de Maracaibo identificado como Jean Paúl Borregales (19), fue asesinado a tiros en área del penal de esa penitenciaría en horas de la madrugada, pero no fue hasta esta mañana cuando su cadáver fue encontrado.
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La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró este miércoles que tras la última reyerta en el centro penitenciario Yare I, que dejó oficialmente 25 muertos y 43 heridos el pasado fin de semana, esos “crímenes tendrán responsables”.
10 guardias nacionales y 20 custodios del Ministerio para el Servicio Penitenciario están siendo investigados por su presunta vinculación con los hechos de violencia que se suscitaron en Yare Icon saldo de 26 muertos y 46 heridos, reveló una fuente judicial. 
El proceso de identificación de los privados de libertad, así como la de un familiar fallecidos en el Centro Metropolitano Yare I en el estado Miranda, culminó este miércoles, a través de un trabajo combinado entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP).
Una fuente interna informó que la visita se suspendió hasta mediados de la próxima semana, luego de la reunión que se sostuvo entre el personal del ministerio de asuntos penitenciarios y los internos de Yare I.
En Uribana los presos impusieron su ley. Durante el día de ayer exigieron como condición para liberar a 581 familiares retenidos, que trasladaran allí a los detenidos larenses que están en los calabozos de los cuerpos policiales regionales y en los 33 penales de todo el país.
El nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece como obligatorio que los privados de libertad cursen estudios para poder optar a cualquier beneficio procesal, informó este lunes el diputado Alexander Rincón, integrante de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional.
