Miles de indocumentados son albergados en centros manejados por empresas que hacen millonarios aportes electorales
Viridiana Martínez, una joven hispana indocumentada de 26 años, que vive en Carolina del Norte, se hizo arrestar el 20 de julio último para poder ingresar en una cárcel de Florida, donde preveía encontrar a varios inmigrantes detenidos injustamente. Estuvo allí dos semanas, y eso fue exactamente lo que encontró.
"Hay negocios, y dinero y ganancias involucrados en todo esto", denunció Martínez hace unos días, en una de las entrevistas que brindó desde la prisión.
Martínez fue liberada ayer luego de pasar 14 días en el Centro Transicional Broward, una prisión ubicada en Pomano Beach, Florida, que tiene dos rasgos que la diferencian de la mayoría del resto de las cárceles del país: alberga casi únicamente a inmigrantes y es manejada por el Grupo GEO, una empresa privada.
En Estados Unidos, el drama de miles de familias de inmigrantes es el corazón de un jugoso negocio. En las últimas dos décadas, la detención de inmigrantes explotó, y las deportaciones aumentaron hasta alcanzar unas 400.000 personas por año y se convirtieron en los pilares de la industria de cárceles privadas.
Cada día, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene bajo custodia a unos 33.000 inmigrantes, según cifras de la Red de Observación de Detenciones, una organización dedicada al estudio de la situación penitenciaria en Estados Unidos. Es más del triple de la cifra de detenidos que existía a mediados de los 90. La mitad de ellos, se estima, está en prisiones manejadas por empresas contratadas por el Estado.
"La inmigración es una gran parte del negocio de la industria de prisiones privadas", indica David Shapiro, abogado y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la poderosa Unión de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés).
"Casi la mitad de los inmigrantes detenidos están en prisiones privadas. Y a su vez, la mitad de su población carcelaria son inmigrantes, un porcentaje mucho más grande que el de las prisiones estatales o federales", completó.
La inmigración es uno de los problemas más sensibles que enfrenta hoy Estados Unidos, donde viven alrededor de 11 millones de inmigrantes sin papeles.
Demócratas y republicanos han fracasado en sus intentos de brindar una solución al descalabro inmigratorio, que será uno de los temas candentes de la campaña presidencial, en la cual el voto hispano será determinante.
El negocio de las prisiones privadas tiene tres grandes jugadores: el Grupo GEO, Corporación de Correcciones de Estados Unidos (CCA), y Management & Training, la única de estas tres empresas que no cotiza en Wall Street.
LOBBY Y DONACIONES
Recostadas en sus millonarias ganancias, las empresas han desplegado un feroz esfuerzo de lobby a todos los niveles para garantizar la expansión de la población carcelaria inmigrante. (Estados Unidos ya es el país con más reos del mundo, por encima de China, tanto en términos absolutos como en relación con la población total.)
En la última década, estas tres empresas invirtieron al menos 45 millones de dólares en donaciones a campañas y actividades de lobby a nivel federal y estatal, según la agencia AP.
Las empresas afirman que no buscan influir en la política inmigratoria para alimentar sus ganancias, y que las donaciones han sido legales.
"La historia de la industria de prisiones privadas está entrelazada con la inmigración", apuntó Bob Libal, de Grassroots Leadership, una organización de Texas que, entre otros objetivos, busca terminar con el negocio.
"Cualquier cosa que sea buena para los inmigrantes en términos de reducciones de las detenciones es malo para la industria de cárceles privadas. Las empresas han sido explícitas al respecto", completó.
En efecto, tanto CCA como el Grupo GEO, las dos empresas de prisiones más grandes del país, hicieron alusión en sus informes financieros al impacto que conllevaría un cambio en la política inmigratoria de Estados Unidos.
"Los proyectos de ley de reforma inmigratoria que actualmente son el foco de políticos a nivel federal, estatal y local podrían impactarnos materialmente de manera adversa", afirmó el Grupo GEO.
En 2011, la empresa, que tiene operaciones también en el Reino Unido, Australia y Sudáfrica, facturó 1600 millones de dólares y obtuvo un ingreso neto de 77,5 millones de dólares. Ese mismo año, CCA facturó 1729,2 millones de dólares y logró ganancias netas de 162,5 millones de dólares.
Viridiana Martínez, activista de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, dijo que en la prisión de Florida había unos 60 inmigrantes detenidos sin antecedentes penales ni pedidos de deportación previos, además de una docena de jóvenes que, al igual que ella, forman parte de los llamados "dreamers".
El presidente Barack Obama anunció el año anterior y unos meses atrás que, en ambos casos, suspendería las deportaciones
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