El caso de una niña de 12 años embarazada después de haber sido violada durante años por su padre, tío y padrino en una cárcel de La Paz, encendió una ola de repudio, por la permisividad con que niños conviven con peligrosos criminales en prisiones de Bolivia.
Según estimaciones oficiales, unos 1.500 niños y adolescentes viven en las cárceles bolivianas con sus padres mientras éstos purgan condenas, lo que propicia estos crímenes y situaciones de promiscuidad.
Los menores suelen vivir en los penales porque no tienen otros familiares o ambos padres están detenidos.
“La menor está embarazada de dos meses”, confirmó el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien reveló que la niña, que vivía en la cárcel junto a sus familiares, era violada desde hacía años.
Llanos informó que la pequeña relató a las autoridades que los violadores eran “su padre, su tío y su padrino, desde que tenía ocho años”, dijo el funcionario a medios locales.
El embarazo y los vejámenes a los que era sometida la menor fueron descubiertos casi de casualidad y ahora está en manos de una estatal Defensoría de la Niñez que le proporciona, como primera medida, asistencia sicológica.
Esta situación es el resultado de las “condiciones de miseria y abandono de las personas que se encuentran detenidas allí, en un secular olvido estatal de dichos centros de reclusión”, comentó el profesor universitario y analista político, Carlos Cordero.
La cárcel de San Pedro de La Paz, donde conviven con sus progenitores unos 500 niños, es célebre porque hasta hace años personas ajenas ingresaban a comprar cocaína, en complicidad con policías.
Los menores no tienen ninguna protección y comparten el espacio con ladrones, asesinos, violadores, pandilleros y narcotraficantes. Son testigos del consumo de alcohol y drogas y también de la violencia que reina en esos lugares.
“Viven en medio de una presión sicológica continua y la carga de agresividad que se respira no es para niños. Es un trauma vivir en un lugar así”, dijo hace poco a la AFP Stefano Toricini, voluntario de una ONG italiana que desde hace una década brinda en San Pedro apoyo psicopedagógico a los menores.
Llanos, que pasó parte de su niñez en una cárcel junto a su padre, preso político de las dictaduras militares de los años 60 en Bolivia, reclamó a los policías “que dejen de ser tan corruptos y no permitan más la entrada de los niños a la cárcel”, según declaró al diario Página Siete.
“El problema no es que los niños ingresen en las cárceles, el problema es que no hay políticas (estatales) de protección para los niños”, terció Yolanda Herrera, presidenta de la independiente Asamblea de los Derechos Humanos (APDHB).
El comandante de la Policía, general Alberto Aracena, declaró que “como humano, no concibo que los niños vivan en las cárceles, porque veo que enteramente están expuestos a todo peligro y riesgo”.
Con apoyo del Congreso, la Policía se propone hacer un censo de la población infantil en las cárceles y además crear una “Escuela Penitenciaria para capacitar y especializar a nuestros funcionarios”, dijo Aracena.
Las cárceles de Bolivia, las segundas más hacinadas del continente después de El Salvador, tienen una capacidad para albergar a un máximo de 3.738 presos, pero congregan a 13.840, según un informe de Seguridad Ciudadana de la OEA.
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