PENALESA la emergencia carcelaria decretada por el gobierno le han llovido críticas, pues pocos creen que sea la solución.
Las imágenes que se ven en las cárceles del país han pasado un límite imposible de aceptar. “Es realmente indignante. Le duele a uno el alma. En la última que visité La Ternera en Cartagena, uno de los detenidos llevaba tiempo pidiendo ayuda para atender a su hijo enfermo de sida, también detenido.
La ayuda llegó, pero con el nombre equivocado, y a quien se llevaron para atender fue al padre y no al hijo enfermo, que se quedó en el penal y murió”. Lo cuenta el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, quien desde que se posesionó, en septiembre pasado, ha visitado 24 cárceles y no ha dejado de lanzar alarmas al país sobre la grave crisis que se vive en ellas.
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz, también se ha unido a la causa y ha visitado seis centros de reclusión. “En Villavicencio vi a un interno de 82 años con una enfermedad terminal. Lo bajaban en silla de ruedas y tenía hormigas recorriendo su cuerpo. Salía de una pequeña celda en donde están hacinadas hasta 14 personas, sin un lugar para dormir y con el baño ubicado en el mismo espacio”, le contó Ruiz a SEMANA.
El defensor y el magistrado son también dos de los funcionarios más críticos de las medidas que la semana pasada anunció el gobierno para tratar de desactivar la bomba de tiempo de las cárceles. El martes de la semana pasada el presidente, Juan Manuel Santos, declaró la emergencia carcelaria como medida de choque para enfrentar una crisis que tiene cifras impresionantes (ver recuadros).
En cabeza de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, la medida les permite al Inpec y a Unidad de Servicios Penitenciarios (USP) hacer los traslados que consideren necesarios y contratar directamente las obras que, en su criterio, se requieran.
La ministra Correa ha defendido a capa y espada las medidas y les salió al paso a las críticas diciendo: “El gobierno no solo ha anunciado esta emergencia, sino que ha propuesto 12 medidas para solucionarla, entre ellas el nuevo Código Penitenciario y Carcelario”. Y explica que “se han dispuesto recursos por 220.000 millones de pesos para enfrentar de inmediato el problema. El Inpec iniciará la reclasificación de internos para hacer traslados de las cárceles más sobrepobladas a otras con capacidad para recibirlos. Y, la próxima semana, diez batallones de ingenieros del Ejército comenzarán las obras para construir 10.000 nuevos cupos, que se irán entregando hasta antes de que termine el año”.
Una de las críticas más recurrente es que el gobierno llegó tarde a atender la crisis. “Con 16 cárceles cerradas por fallos de tutela, 1.000 retenidos en las Uri y estaciones de Policía por falta de cupos y 117.600 internos en las cárceles del país, no es lógica una emergencia carcelaria que debió decretarse hace un año”, dice el magistrado Ruiz.
Y a renglón seguido propone: “Aquí se necesita una medida que le dé facultades al presidente, para que por medio de un decreto ley pueda excarcelar, por ejemplo, a los 1.575 internos con pena cumplida, o a 1.100 detenidos de la Cárcel Modelo de Bogotá de los 2.600 condenados a los que se les solicitó libertad, o a los casi 20.000 internos que están solicitando libertad condicional porque ya cumplieron las dos terceras o las tres quintas partes de la condena”.
El defensor del pueblo también es crítico. “Ante la mayor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, con niveles de hacinamiento que en algunas cárceles alcanza el 400 por ciento, la emergencia carcelaria no resulta funcional para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles que, en este momento, son los centrales de la crisis”, afirmó a SEMANA.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, va mucho más allá. “Si queremos avanzar en una estructura penitenciaria que dignifique al hombre y que realmente cumpla con los fines de la pena, Colombia tiene que hacer una reforma integral de su política criminal”, dijo a esta revista. El fiscal, de todas maneras, afirmó estar de acuerdo con la propuesta del gobierno para enfrentar la crisis.
“Pero eso es solo el primer paso. Hay problemas estructurales que deben ser mejorados, como por ejemplo el manejo indebido que algunos fiscales y jueces les dan a las libertades. La política no puede seguir siendo que todo sea cárcel. Ahora la regla es privar a la gente de la libertad, cuando eso debe ser la excepción. Por cuenta de esos errores la Fiscalía tiene más de 10.000 procesos en contra con un costo de 15 billones de pesos”, concluyó el fiscal.
Lo cierto del caso es que si bien el gobierno nacional, en cabeza de su ministra de Justicia, está intentando salirle al paso a un tema que lleva muchos meses y que día a día crece, la realidad es que es poco probable que la crisis carcelaria esté cerca de tener una solución y sin duda seguirá dando mucho de qué hablar.
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