La Defensoría del Pueblo hizo un análisis descarnado de las pobres condiciones en las que conviven los internos de estas y otras cárceles del país
Por estos días las cárceles vuelven a estar de moda. Todo a raíz de denuncias periodísticas y de las constantes visitas que realiza la Defensoría del Pueblo a las reclusiones del país. Estas, de nuevo, se convierten en una verdadera bomba de tiempo por el hacinamiento, que ya alcanza niveles impensables, así como los problemas de infraestructura.
La primera en dar una voz de alerta fue la cárcel de Riohacha (La Guajira), una de las más congestionadas del país. Tiene cupo para cien presos y en la actualidad hay 500. Allí no agua potable y los presos, como sucede en otras cárceles, deben acomodarse, como pueden, en pasillos y hasta en las oficinas de la enfermería. Las enfermedades abundan y hay poco personal médico.
Ahora es la cárcel de Bellavista en Medellín. Tiene una capacidad para 2.424 presos, pero el total de la población carcelaria es de 7.444. Su hacinamiento llega al 207 por ciento.
Este viejo centro carcelario construido en 1976, otrora centro de riñas entre bandas y decenas de muertos producto de la violencia entre delincuentes, cuenta con 13 pabellones y desde hace muchos años las autoridades penitenciarias no se han preocupado por hacer adecuaciones del acueducto y alcantarillado, de manera que se preste un servicio adecuado.
Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que las obras de que se realizan para el mejoramiento en pasillos de acceso a los pabellones, alojamiento y casino de guardia, impermeabilización de cubiertas, son insuficientes. “Hay humedades en las baterías sanitarias, duchas, pasillos y zonas comunes de los pabellones”, dice el documento conocido por Semana.com
El tema de salubridad es tan complicado, que la recolección de basuras, que la realizan los internos, no alcanzan a cubrir el producido total de acuerdo con el número de internos, visitantes, funcionarios y contratistas. “La zona de recepción, a pesar de los esfuerzos en su mejoramiento, carece de condiciones dignas, ya que presenta humedades, no cuenta con sitios de descanso y las baterías sanitarias presentan constantes falencias”, reza el análisis del organismo.
También se encontraron fallas en la parte administrativa. El informe advierte que a los internos, por ejemplo, no se les da a conocer el reglamento del establecimiento ni hay medios de comunicación para su divulgación. Allí existe un solo reglamento, tanto para condenados como para sindicados.
En esta cárcel los pasillos también son los mejores aliados de los presos. El informe asegura que “Debido al hacinamiento muchos internos duermen en el suelo; inclusive, todavía se conoce de internos que duermen al interior de las duchas, también en camarotes improvisados y artesanales”.
También revela la Defensoría que buena parte de las redes eléctricas son instaladas por los mismos internos, sin control alguno, y los propios presos construyen sus camarotes para poder dormir.
El otro problema que presenta Bellavista, que es recurrente en los distintos penales del país, es el acceso a los servicios de salud. La Defensoría denuncia que "si un interno siente la necesidad de atención médica u odontológica, en muchas oportunidades no puede acceder a ellos. El problema radica en que el poco personal de custodia, que son los que evalúan si un interno necesita o no ir al médico, impide que sea ágil el traslado de los reclusos a la sección de sanidad. Y, como es normal, “no se cuenta con médicos permanentes en el establecimiento”.
“Son innumerables las quejas diarias del personal interno de Bellavista, las cuales se reciben por parte de la Defensoría del Pueblo sobre la falta de atención urgente, en el deficiente control de sintomatología, de la evaluación, la omisión en las órdenes para cirugías, tratamientos externos y sobre la entrega de medicamentos.
Otro informe que avanza en la Defensoría es el de la cárcel de Pedregal, también en Antioquia. En este establecimiento, que cuenta con 2.520 internos y 1.248 internas, no hay hacinamiento, pero sí un problema con el servicio de salud de los reclusos. Otro informe de la Defensoría asegura que allí hay seis mujeres y 11 hombres diagnosticados con infección por VIH, pero los medicamentos llegan esporádicamente.
Allí también hay tres pacientes con tuberculosis, pero la atención y el seguimiento no se les están practicando. En una visita de noviembre pasado la Defensoría detectó que en este penal no existe contrato con ninguna IPS, de tal manera que no hay profesional de la salud que atienda a la población reclusa. Tampoco cuentan con insumo hospitalario alguno.
No se trata de un tema menor. La mayoría de cárceles del país se encuentra en una situación similar. Mientras tanto, el Gobierno hace nuevos anuncios de inversiones en para mitigar la crisis. Pero mientras eso ocurre, la población carcelaria se ahoga en su propia tragedia.
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