CARACAS, Venezuela -- Un grupo de organizaciones pro derechos humanos envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Naciones Unidas una denuncia sobre el motín que la semana pasada dejó 58 muertos en una cárcel del centro de Venezuela.
El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, dijo a la AP que su organización junto con otros grupos de derechos humanos, remitió el martes a la CIDH, la CorteIDH y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la denuncia sobre el sangriento incidente que ocurrió el viernes en la cárcel de Uribana, de la ciudad central de Barquisimeto, cuando fuerzas militares trataron de tomar el penal.
Las organizaciones humanitarias enviaron la denuncia a instancias internacionales luego de introducir este martes ante la Fiscalía General de Venezuela un documento de 12 páginas en el que exigían una investigación de la muerte de 56 reclusos, un guardia nacional y un pastor evangélico, indicó Nieto.
En el documento entregado a la Fiscalía General, las ONG Una Ventana a la Libertad; Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada; el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y el Instituto Prensa y Sociedad Venezolana, exigieron "sanciones" para los responsables del incidente, que fue considerado por los grupos como una "masacre".
"Esto es responsabilidad absoluta del Estado", dijo Nieto al respaldar la afirmación que realizó sobre el caso la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que expresó preocupación por el incidente.
"Lo que pasó en Uribana, la información que nosotros manejamos es que los funcionarios del Ministerio Penitenciario, de la Guardia, comenzaron a dispararle a los reclusos y ellos respondieron", afirmó el activista al responsabilizar a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, de lo ocurrido en el centro penitenciario.
Nieto señaló que aunque no confía en que las autoridades venezolanas y la Asamblea Nacional vayan a avanzar en las investigaciones de lo ocurrido en Uribana, tal como ocurrió en los motines que se dieron entre el 2011 y 2012, dijo que las organizaciones humanitarias tenían que agotar las instancias nacionales antes de acudir a los organismos internacionales.
"No puede establecerse una política de limpieza carcelaria que tenga como conclusión la muerte 58 a 60 venezolanos. Es moralmente inaceptable el uso de la fuerza mortal para situaciones de crisis. Se pude anular a una persona que este infringiendo cualquier situación en una cárcel sin llegar al excesivo uso de la fuerza mortal", señaló Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, al exigir que se investigue a los guardias nacionales que participaron en la toma de Uribana.
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció el martes, durante una visita al estado suroccidental de Barinas, que pidió a la Asamblea Nacional que acelere la investigación del motín para conocer con exactitud lo que ocurrió.
"Nuestra compañera ministra Iris Varela está haciendo un esfuerzo gigantesco...y se ha metido allí en la boca del lobo, y nosotros le damos todo nuestro respaldo", dijo Maduro a la televisora estatal al defender la gestión de la funcionaria.
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