Militares venezolanos intentaban este domingo por tercer día consecutivo controlar a más de mil 300 presos de la cárcel de El Rodeo, en el norte del país, que se niegan a rendirse, informó este domingo el ministro del Interior, Tareck El Aissami.
“Aquí estaremos el tiempo que sea necesario, (hasta que) depongan su actitud y logremos entrar, requisar y mejorar las condiciones dentro del establecimiento penitenciario”, dijo El Aissami, repitiendo los llamados que hace desde el viernes al diálogo con los reos.
En declaraciones al canal estatal VTV, el ministro explicó que unos 2.500 presos de El Rodeo ya fueron trasladados a otros centros penitenciarios de Venezuela, mientras otros mil esperaban ser evacuados.
“En dos semanas van a retornar a este establecimiento penitenciario pero en condiciones dignas”, prometió.
Luego de tres días, las fuerzas del orden seguían sin controlar una sección de El Rodeo, donde se mantenían 1.300 presos sin electricidad, pese a la actuación de cerca de 4.000 funcionarios de la Guardia Nacional y paracaidistas del Ejército.
Los intentos de negociación no han dado frutos y este grupo de reclusos “recibía con tiros” a los militares, según El Aissami.
A las afueras de El Rodeo, a unos 40 km de Caracas, varias decenas de familiares de los presos vivían momentos de incertidumbre ante la falta de información sobre los traslados y la salud de los reclusos.
En la operación policial iniciada la madrugada del viernes, las autoridades lograron controlar al 70% de los cerca de 4.700 reclusos del penal, que tiene una capacidad para sólo 750, y decomisaron decenas de armas como fusiles y granadas.
Dos efectivos de la Guardia Nacional y un recluso fallecieron, y otras 24 personas resultaron heridas durante la toma.
Esta semana 21 presos y un visitante murieron en un combate armado entre los reos, el hecho más violento registrado en el interior de un centro de detención en Venezuela desde 1999.
El Rodeo refleja la violencia y el hacinamiento que sufren las cárceles venezolanas, donde hay 50.000 presos, una cifra tres veces superior a la capacidad de las prisiones del país, según organizaciones humanitarias.
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