junio 17, 2011 4:55 pm
El Gobierno de Venezuela retomó hoy el control casi total de las prisiones El Rodeo I y II, cercanas a Caracas, con más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), aunque admitió que siguen amotinados unos 1.400 reclusos.
El operativo militar comenzó antes del amanecer, fue suspendido al anochecer y continuará mañana con un refuerzo de 400 militares contra los amotinados, anunció el general Luis Motta, comandante de la GNB, quien reportó 2 muertos y 22 heridos entre sus subalternos.
El viceministro del Interior, Néstor Reverol, dijo junto a Motta que también murió uno de los reclusos de los casi 5.000 que pueblan las dos cárceles, y que dos más resultaron heridos, aunque ambos destacaron que se trata de un balance preliminar.
Las víctimas mortales de la GNB son el primer teniente Luis José Rincón, de 27 años, y el sargento Orlando Ramírez, de 23 años.
Motta, quien mostró armas de diferente calibre, cocaína, teléfonos y computadoras decomisadas a los presos, añadió que los amotinados están armados y drogados y mantienen una actitud “muy hostil”.
El viceministro del Interior detalló previamente que 3.524 de los 4.711 presos que dijo existen en ambas cárceles colmaron los patios durante el operativo militar de desarme, para así desmarcarse de quienes se atrincheraron para resistir la operación.
La operación de desarme de la penitenciaria en El Rodeo I y en la vecina de El Rodeo II fue ordenada después de que el pasado domingo 22 personas murieran y 14 resultaran heridas en esa prisión como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas.
La acción de desarme ha sido “bastante costosa” para la GNB y “bastante dilatada en el tiempo, precisamente porque las instrucciones” del presidente del país, Hugo Chávez, “es no causar ningún tipo de baja” entre los reclusos, subrayó previamente el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.
Jaua llamó a los familiares de los presos, dispersados intermitentemente con gases lacrimógenos en la vía de acceso a la penitenciaría donde trataban de evitar el ingreso de los militares, a no entorpecer la operación porque, dijo, “no es para masacrarlos sino para preservarles la vida”.
El vicepresidente remarcó que estos centros penales “han sido tomados por las mafias carcelarias” y que la fuerza pública actúa “en estricto apego a los derechos humanos”.
Las masacres de presos son cosas de Gobiernos anteriores al de Chávez, cuando “una toma de estas hubiese significado un número considerable de muertos, pero no para las fuerzas del orden”, remarcó.
Jaua también arremetió contra “algunos medios de prensa” y personajes de la oposición a Chávez, “actores políticos que de manera irresponsable han intentado hacer de esto una fiesta macabra”, dijo tras tildarlos de “canallas” que practican una “política carroñera”.
El presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, criticó en declaraciones a periodistas que la operación castrense esté a cargo de la GNB, a algunos de cuyos miembros responsabilizó del tráfico de armas, incluso de grueso calibre y granadas de mano, dentro de las prisiones venezolanas.
“La mejor decisión” gubernamental para ayudar a resolver la crisis penitenciaria del país pasa por “sacar a la GNB de los centros penales (…), porque las armas no caen del cielo cuando llueve, sino porque hay un mecanismo bien perverso de tráfico de armas” y en ello hay una “responsabilidad compartida” de esa rama de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, denunció.
El OVP informó hace unas semanas de que 124 personas murieron en las prisiones venezolanas en el primer trimestre del año, un 22 por ciento más que las 102 del mismo periodo del año pasado.
En 2010, 476 internos murieron y 958 resultaron heridos en las cárceles venezolanas, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos y una capacidad para poco más de 14.500 en sus 34 centros.
La instancia de Prado reveló recientemente que hasta el 30 de abril pasado la población de presos era de 46.888 personas, pero que tenían capacidad para albergar únicamente a 12.500.
El Gobierno de Chávez anunció el martes pasado la creación de un ministerio que denominó de Atención Integral Penitenciaria para intentar resolver el problema penitenciario nacional.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, aseguró ese día que la nueva cartera ministerial no significará más burocracia.
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