Sancionar con pena de cárcel el ingreso de armas y celulares a los penales permitirá combatir la corrupción en el sistema penitenciario, opinó hoy el exjefe del Inpe Wilfredo Pedraza, al comentar un dictamen sobre el particular aprobado ayer por el Congreso de la República.
ANDINA/Archivo.
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El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) sostuvo que la tenencia de estos objetos prohibidos en las prisiones peruanas evidencia un grave problema de corrupción no sólo de quienes introducen estos artículos, sino entre aquellos que deben garantizar que ello no ocurra.
“El ingreso de armas y teléfonos se fundamenta en la corrupción, como cuando ingresan licores a las cárceles. Esta ley es un mecanismo de prevención e intimidación que ayudará a reducir de forma sustantiva el tráfico de objetos prohibidos en los penales”, expresó Pedraza.
Tras considerar que, en ese sentido, es positiva la respuesta del Congreso de la República ante un problema evidente, el especialista en temas penitenciarios destacó la importancia de que el Poder Ejecutivo promulgue cuanto antes esta iniciativa.
No obstante, Pedraza propuso que se otorgue una amnistía a los internos que posean armas y celulares prohibidos, a fin de fomentar en las cárceles la entrega voluntaria de estos objetos no autorizados.
“Me parece bien que se penalice, pero la idea es que no se sancione de pronto. Como la ley no se aplica de forma retroactiva habría que dar a los internos la oportunidad para que devuelvan las armas voluntariamente y así no incurran en delito”, anotó en diálogo con TVPerú.
El pleno del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que penaliza el ingreso y tenencia ilegal de armas y equipos celulares a los centros penitenciarios, y establece sanciones que pueden llegar hasta los 15 años de prisión en los casos agravados.
Dicho texto fija penas de entre ocho y 15 años de cárcel efectiva para el ingreso y el intento de ingreso de equipos o sistemas de comunicación, armas de fuego o armas blancas, municiones, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, entre otros.
Esa sanción también se impondrá a quien, dentro de un penal, posee estas armas o equipos de comunicación.
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