El Congreso chileno aprobó este miércoles una ley de indulto general que beneficiará a unos 6.000 reos con penas menores, en una medida más para tratar de descongestionar el hacinamiento en las cárceles chilenas, que supera en 70% la capacidad prevista, según autoridades.
Para poder acceder al beneficio, los condenados deberán comprometerse a no delinquir de nuevo, o en caso de hacerlo, deberán cumplir la pena por el nuevo delito más el saldo pendiente de la pena anterior conmutada.
La medida beneficiará a 4.800 reos que cumplen reclusión nocturna por penas como multas pendientes, porte ilegal de armas, infracciones a la ley de tránsito, o el impago de pensiones alimenticias, y a otros 600 que ya cuentan con salidas controladas.
"Es una iniciativa que permitirá mejorar la gestión al interior de las cárceles como parte de la nueva política penitenciaria que impulsa el gobierno. No queremos que los penales del país sean conocidos más como escuelas del delito", dijo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
La conmutación de penas también afectará a unos 1.066 extranjeros -la mitad de los cuales son bolivianos-, que serán trasladados a sus países de origen, en el caso de que no dispongan de su residencia definitiva.
El indulto excluye a aquellos condenados por delitos de secuestro, violaciones y homicidios.
La ley también modifica el proceso de otorgamiento de las libertades condicionales, y lo supedita a decisiones de órganos únicamente técnico-jurídicos, y no políticos.
Con una población penal de unos 53.000 reclusos, Chile cuenta con una tasa de hacinamiento que supera en 70% la capacidad prevista, con condiciones de vida de los presos denigrantes, según han denunciado distintas autoridades.
Entre las medidas para descongestionar el actual sistema carcelario, el gobierno anunció también la construcción de cuatro nuevas cárceles en el centro y sur del país con capacidad para más de 8.000 reos.
El país centró su atención en la situación carcelaria tras el incendio que mató a 81 reclusos el 8 de diciembre del 2010 en una cárcel de Santiago, con un hacinamiento que superaba en 90% la población carcelaria prevista, en la peor tragedia carcelaria registrada en Chile hasta el momento.
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