CON UNA PALIZA recibieron en Sabaneta a los 5 CICPC condenados por extorsión
Cárcel Nacional de Maracaibo
Los cinco funcionarios del CICPC que ayer fueron condenados por un tribunal zuliano por los delitos de extorsión y quienes fueron trasladados esta misma mañana a la cárcel de Sabaneta, estuvieron a punto de perder la vida al ser recibidos a tiros y posteriormente golpeados.
Una fuente le reveló a NAD que el juicio en contra de los funcionarios se extendió hasta horas de esta madrugada. Antes del pronunciamiento del juez los 5 CICPC: Fernando Campos (subcomisario), Alexis Cepeda (inspector), y los agentes Abraham Montoya, Jeferson González y Javier González, se encontraban recluidos en la subdelegación del CICPC-Maracaibo, pero luego de la audiencia se ordenó su reclusión en el área de Procesados Militares (PROCEMIL) de la Cárcel Nacional de Maracaibo.
Pese a que la defensa de los detenidos planteó el riesgo que los cinco procesados podría correr en ese penal, fueron remitidos sin considerar las amenazas que muchos de estos habían recibidos del interior de la cárcel. Explicaron fuentes penitenciarias que un grupo de reos intentaron matar a golpes a los cinco funcionarios pero afortunadamente ninguno falleció.
Según denuncia formulada al Ministerio Público los mencionados funcionarios del Cicpc, el día 27 de agosto de 2010 detuvieron a un ciudadano a pocos kilómetros del puesto fronterizo de La Guajira (Puente Páez) para exigirle sus documentos de identidad y los de propiedad del automóvil que conducía. Sin embargo, a pesar de que los documentos estaban en regla, los efectivos policiales se lo llevaron y procedieron a retenerle el vehículo.
Posteriormente, los ahora ex-funcionarios de esta institución le exigieron una suma de dinero para liberarlo y entregarle su automóvil. Sin más alternativas, la víctima acordó realizar el pago del procedimiento ilícito.
Una vez liberado, la víctima se dirigió ante una dependencia del Ministerio Público y realizó la denuncia, en la cual señaló haber sido maltratado por los funcionarios, además de ser coaccionado a pagar una cantidad de dinero por su propio vehículo.
Dos días después, el 29 de agosto, el Tribunal 7º de Control del estado Zulia, emitió una orden de aprehensión en contra de los funcionarios, la cual fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes los detuvieron el 30 de agosto.
Una fuente le reveló a NAD que el juicio en contra de los funcionarios se extendió hasta horas de esta madrugada. Antes del pronunciamiento del juez los 5 CICPC: Fernando Campos (subcomisario), Alexis Cepeda (inspector), y los agentes Abraham Montoya, Jeferson González y Javier González, se encontraban recluidos en la subdelegación del CICPC-Maracaibo, pero luego de la audiencia se ordenó su reclusión en el área de Procesados Militares (PROCEMIL) de la Cárcel Nacional de Maracaibo.
Pese a que la defensa de los detenidos planteó el riesgo que los cinco procesados podría correr en ese penal, fueron remitidos sin considerar las amenazas que muchos de estos habían recibidos del interior de la cárcel. Explicaron fuentes penitenciarias que un grupo de reos intentaron matar a golpes a los cinco funcionarios pero afortunadamente ninguno falleció.
Según denuncia formulada al Ministerio Público los mencionados funcionarios del Cicpc, el día 27 de agosto de 2010 detuvieron a un ciudadano a pocos kilómetros del puesto fronterizo de La Guajira (Puente Páez) para exigirle sus documentos de identidad y los de propiedad del automóvil que conducía. Sin embargo, a pesar de que los documentos estaban en regla, los efectivos policiales se lo llevaron y procedieron a retenerle el vehículo.
Posteriormente, los ahora ex-funcionarios de esta institución le exigieron una suma de dinero para liberarlo y entregarle su automóvil. Sin más alternativas, la víctima acordó realizar el pago del procedimiento ilícito.
Una vez liberado, la víctima se dirigió ante una dependencia del Ministerio Público y realizó la denuncia, en la cual señaló haber sido maltratado por los funcionarios, además de ser coaccionado a pagar una cantidad de dinero por su propio vehículo.
Dos días después, el 29 de agosto, el Tribunal 7º de Control del estado Zulia, emitió una orden de aprehensión en contra de los funcionarios, la cual fue llevada a cabo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes los detuvieron el 30 de agosto.
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