Un nuevo motín en una cárcel de mujeres profundizó la crisis carcelaria en Uruguay, donde se registraron tres revueltas en poco más de una semana, tras la violenta agresión el 20 de abril a dos policías por parte de un recluso en la principal cárcel del país.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció el lunes por la noche el recambio de todas las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que tiene a su cargo la treintena de establecimientos carcelarios de todo el país.
"Ya estaba establecido y se reafirma esa decisión", dijo en conferencia de prensa Bonomi, quien anunció que se investigará el origen de la serie de revueltas.
Bonomi aseguró que aún no se pudo determinar si está relacionada a peleas entre narcotraficantes, como había indicado el ahora relevado coordinador del área metropolitana del INR, Eduardo Pereyra Cuadra, y anunció que se creó una comisión para investigar al respecto.
"Es obvio que peleas entre narcotraficantes existen fuera de las cárceles, existen dentro de las cárceles, muchas veces para tratar de controlar territorios afuera. Eso sucede. Si esto pasó debido a esas peleas o no, no lo podemos determinar", dijo el ministro, añadiendo: "Hemos creado una comisión que investigue esto".
La actual crisis se desencadenó el viernes 20 cuando dos policías fueron baleados por un recluso en el penal de Libertad, 50 km al oeste de Montevideo, lo que provocó la suspensión de visitas en varios establecimientos. Uno de los oficiales falleció el jueves pasado.
Dos días después se registró un primer motín en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino (CMRF), que alberga unas 360 reclusas, seguido de otro en la madrugada del miércoles en el Comcar (Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, unos 20 km al oeste de Montevideo), el más grande del país, con una capacidad de 1.600 plazas y una población de 3.100 reclusos, según datos de marzo pasado.
El motín del Comcar dejó una decena de policías y reclusos con heridas leves y dos módulos -que alojaban a 1.160 reclusos- en escombros. Desde entonces, se han realojado unos 700 presos.
La última revuelta comenzó el domingo nuevamente en el CMRF y fue controlada en la madrugada de este lunes. Allí, un centenar de presas iniciaron un incendio y destruyeron un ala del tercer piso del centro penitenciario, informó el Ministerio del Interior, presuntamente en solidaridad con los reclusos del Comcar que aún permanecían en un patio a la espera de ser realojados.
Bonomi admitió que la actual crisis "dificulta superar globalmente el problema" de hacinamiento que sufre el sistema penitenciario.
En julio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató "serias deficiencias" en las cárceles de Uruguay, con altos niveles de hacinamiento y uso indiscriminado de la prisión preventiva, un año después que el Parlamento uruguayo aprobara una ley de emergencia carcelaria que previó la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
"Se ha hecho un esfuerzo enorme por aumentar las plazas carcelarias para bajar el hacinamiento, lo estábamos bajando, el hacinamiento quedaba reducido a Comcar y (la cárcel de) Canelones, en los otros no había hacinamiento", dijo Bonomi, asegurando que con los últimos traslados no se incrementó el hacinamiento.
"Esto evidentemente dificulta y sobre todo aumenta el gasto", enfatizó.
Según los datos de marzo de la División estadística del Ministerio del Interior, el sistema penitenciario uruguayo tiene una capacidad de 7.864 plazas pero alberga 9.346 presos, la mayoría de los cuales (3.100) están en el Comcar.
El gobierno anunció en los últimos días que se colocarán escáner para controlar los ingresos a las cárceles y que cuando estén instalados el Ejército se encargará del control de acceso a los establecimientos más grandes del país.
Además, Bonomi indicó el lunes que la próxima vez que se genere una revuelta se intervendrá primero y luego se comunicará a la justicia, ya que en los últimos motines la decisión de la justicia de que primero se negociara con los presos enlentenció el proceso y "agravó la situación".
Asimismo, indicó que en un futuro lo que destruyan los reclusos no será restituido por el Estado.
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