Unos 300 cadáveres de las 361 personas que murieron en el incendio en la Granja Penal de Comayagua, en Honduras, el 14 de febrero pasado, han sido identificados hasta hoy, de los cuales 243 ya fueron entregados a sus familiares, informó una fuente oficial.
El portavoz del Ministerio Público, Marvin Cruz, dijo a Efe que "se han entregado 243 cuerpos de unos 300 que se han identificado".
Cruz recordó que el proceso de identificación es lento porque "muchos de los cadáveres presentan un alto grado de calcinación".
"Hay que hacer un cruce de la información porque a cada cuerpo se le hace una verificación de huellas dactilares, placa odontológica y una comparación con la información que han dado los familiares", subrayó.
Agregó que unos 20 cadáveres de los 300 que han sido identificados no han sido entregados porque no han localizado a sus familiares.
El incendio de la granja penal que se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero "fue accidental", según un equipo de expertos de la Agencia estadounidense para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF).
Siete de los diez reos sobrevivientes que sufrieron graves quemaduras murieron en el Hospital Escuela, donde todavía permanecen dos presos.
Un equipo de cuatro expertos españoles llegaron a Tegucigalpa hace más de dos semanas para colaborar en el proceso de identificación.
El Estado de Honduras comparecerá el 26 de marzo en Washington en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar la situación en las cárceles del país tras el incendio en el penal de Comayagua.
El pasado 28 de febrero el Estado de Honduras llegó a un acuerdo amistoso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con los representantes de las víctimas de un incendio ocurrido en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula, donde murieron 107 reos.
El acuerdo incluye un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en ese siniestro, la reconstrucción de nueve cárceles, el castigo a los responsables del incendio de 2004 y el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
Según diversos organismos, el sistema penitenciario de Honduras tiene capacidad para albergar unas 8.000 personas, pero la población supera los 13.000.
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