La cárcel Modelo debe cerrarse completamente, así lo afirmó el Defensor del Pueblo Regional, Dilmar Ortiz, luego de una visita de inspección que realizó el pasado mes de febrero, junto a la Secretaría de Salud del departamento y la Procuraduría Regional.
El hacinamiento que tiene la cárcel Modelo con una capacidad para 750 internos y donde actualmente hay 2.816, además de la inadecuada manipulación de los alimentos y las precarias condiciones de salubridad hacen parte del pliego de sugerencias que la Defensoría Regional hace a las autoridades locales y regionales.
“No hay condiciones óptimas para los internos… El cerramiento hace mucho tiempo tenía que haberse hecho. Las condiciones del sitio en el que se encuentran los internos tampoco son viables. Ya se hicieron las recomendaciones regionales y nacionales para que se destinen los recursos pertinentes al traslado de la cárcel Modelo y los internos”, dijo el defensor Dilmar Ortiz.
Este pliego de peticiones no es nuevo si se tiene en cuenta que en 2010 la Defensoría Regional realizó una audiencia en la que se le pidió al entonces gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, incluir el tema en el Plan de Desarrollo.
“Las recomendaciones fueron desatendidas y hoy nuevamente exhortamos a las alcaldías y a la Gobernación de Santander para que en el Plan de Desarrollo se incluya la posibilidad de recuperar, en lo que a ellos compete, la situación de las cárceles del departamento”, agregó el Defensor Regional.
“UN DEPÓSITO DE SERES HUMANOS”
La Defensoría Regional criticó y rechazó además la manera en que viven los internos al manifestar que “lo que hay actualmente en la cárcel Modelo es un depósito de seres humanos y no un centro de reclusión donde se adelante una rehabilitación y resocialización de los internos… Los internos son seres humanos, no animales ni cosas.”.
Por ello, llegando al límite de tolerancia –según precisó la Defensoría Regional– para sugerir la intervención regional y nacional, “nosotros estamos trabajando en acciones constitucionales para hacer cumplir una sentencia de tutela que fue ganada en el tema de hacinamiento en la cárcel Modelo y lo procedente es el desacato a la misma. Además, adelantamos otros tipos de acciones legales para que se restablezcan la infraestructura y las condiciones locativas de la cárcel”, agregó el defensor Dilmar Ortiz.
De acuerdo con este organismo de control, la solicitud para que intervenir se ha extendido al Inpec regional y nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Interior y a la Gobernación, pero “a la fecha de hoy no hay respuesta… Sin embargo, la Defensoría va a seguir insistiendo con los recursos constitucionales”.
SITUACIÓN EN CÁRCELES DE SANTANDER
La alerta por intoxicación de 79 internos de la cárcel de alta y mediana seguridad Palogordo, en el municipio de Girón, y que aún son materia de investigación, también hacen parte del reporte de violaciones a los derechos humanos.
“El compartir lo alimentos en medio de roedores, dan cuenta de las malas condiciones de salubridad que violan las normas internacionales de derechos humanos y el estatuto penitenciario carcelario colombiano.Este caso también continúa en investigación y también es una alerta para las autoridades”, dijo el Defensor Regional.
En cuanto a las cárceles de San Gil y Socorro, la alerta se emite por la falta de potabilidad del agua que pone en riesgo a los internos.
Otros hallazgos y denuncias en la visita de la Defensoría del Pueblo Regional:
- No hay disponibilidad de medicamentos para entregar a los internos.
- Baños taponados y otros dañados.
- Flotadores de tanques de almacenamiento de agua se encuentran en mal estado.
- Cañerías taponadas.
- Recipientes de desechos sólidos son insuficientes en capacidad y permanecen sin tapa.
- Los sifones están sin rejillas.
- Comedores sin enchape.
- Techos con grietas por humedad.
- Inadecuada manipulación de alimentos.
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