El gobierno de Honduras reconoció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave crisis del sistema penitenciaro de su país, que sufrió en febrero uno de sus más trágicos sucesos, cuando un voraz incendio en una cárcel dejó 361 muertos.
Sobrepoblación de las prisiones, más de la mitad de los reos sin condena, infraestructura anticuada y falta de fondos para acometer reformas: las representantes del Estado hondureño pintaron un panorama sombrío en la audiencia pública de la CIDH en Washington.
"La infraestructura precaria de los centros penales es algo que nos dificulta mucho el control y el debido tratamiento de los presos", admitió la subsecretaria de Estado de la Secretaría de Seguridad, Marcela Castañeda.
Pero el gobierno de Porfirio Lobo "ha atendido responsablemente el incendio" del 14 de febrero de la cárcel de Comayagua, 90 km al norte de Tegucigalpa, y las secuelas que ha dejado, opinó la procuradora general, Ethel Deras.
"Sin lugar a dudas la situación de las cárceles en Honduras es una situación de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural", replicó el comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar.
"Se presentan deficiencias estructurales en todo el sistema", subrayó Escobar, comisionado para las personas privadas de libertad.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), prepara una visita junto a la ONU a Honduras para revisar el estado del sistema penitenciario.
El gobierno hondureño investiga si en el incendio de Comayagua hay "alguna responsabilidad de algún funcionario público", afirmó la procuradora Deras.
Según las primeras indagaciones, en las cuales han participado científicos internacionales, el incendio en Comayagua habría sido accidental, sin que se hayan encontrado rastros de acelerantes ni explosivos, así como se descartó que haya sido producido por un problema eléctrico, explicaron las funcionarias.
El gobierno Hondureño promulgó en 2010 un decreto de emergencia para rehabilitar varias cárceles, sin incluir la de Comayagua, que no era considerada una de las que estuviera en peores condiciones, pero fue añadida luego del incendio, dijo Castañeda.
Las cárceles hondureñas tienen capacidad para 8.000 presos, y actualmente están albergados unos 12.250.
El 82% del presupuesto para las cárceles se destina a pagar salarios, 16% para la alimentación de los presos y el 2% restante para gastos operativos.
"No tenemos asignado un presupuesto para invertir en infraestructura", lamentó Castañeda.
Además, 53% de las personas en prisión están sin condena, dijo por su parte la directora general de fiscales del Ministerio Público, Daneila Ferrera.
"Esa situación no debería ser así porque la regla general debe ser la de la libertad y no la de la prisión preventiva", criticó el comisionado Escobar.
Escobar pidió al gobierno hondureño que presente un plan "integral" para revertir la crisis en las cárceles.
La CIDH, que sigue de cerca la situación carcelaria en el continente, colocó en la agenda de su actual periodo de sesiones audiencias públicas para revisar el estado de las prisiones en México y en Uruguay.
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